Una de las mayores deficiencias del funcionamiento de la democracia dominicana, lo representa la hegemonía política que existe sobre los tres poderes públicos, cuyo accionar independiente se supone que constituye uno de los pilares sobre los cuales descansa ese sistema de gobierno.
Esa circunstancia impide que se esgrima como excusa para la no consecución de metas pretendidas el hecho de que un asunto esté bajo el ámbito de uno u otro de los poderes del Estado. Si en todos ellos predomina una fuerza partidaria específica, lógico sería presumir que se puede obtener con relativa facilidad lo que aspira la concepción política del partido prevaleciente.
En los casi dos años de este período gubernamental, se ha comprobado que en los temas en los cuales el Presidente de la República ha manifestado de forma inequívoca su intención política, ha obtenido el respaldo congresual necesario para la concretización de sus postulados. Bastaría recordar los ejemplos de la Barrick Gold y del 4% para la educación para avalar la afirmación.
En el caso de la explotación o no de Loma Miranda las cosas han parecido funcionar desde otra dinámica y eso llama la atención porque se ha tornado evidente que se lleva a cabo una estratagema que pretende dilatar la definición de los acontecimientos, como si se estuviera aguardando mejores momentos para abordar un caso con ribetes particulares.
Es imposible deducir que las modificaciones introducidas en el Senado al proyecto que declararía parque nacional a Loma Miranda; el rechazo de tales modificaciones en la Cámara de Diputados y su posterior envío a comisión de estudio, haya ocurrido por generación espontánea.
Se trata de un tema de enorme trascendencia económica y política para suponer que las fuerzas predominantes en el Congreso puedan permitir que evolucione libremente. Quien se imagine que las riendas del poder se manejan de esa manera, que vea la serie House of Cards, para que confirme cómo se bate el cobre en el imbricado mundo de las negociaciones políticas. Todo queda expuesto al constatar que tratándose del tópico más debatido de la agenda nacional, no sepamos cuál es la posición del Presidente.
Resulta legítimo sospechar de un silencio tan extraño. Una actitud de esa naturaleza avala suponer que las tratativas congresuales procuran que el espinoso asunto no se coloque, al menos por ahora, sobre el escritorio del primer mandatario, para evitarle el ineludible compromiso de fijar posición. Mientras tanto, la loma mira.
