La Cámara de Diputados pospuso por segunda ocasión el conocimiento del proyecto de Ley Orgánica de Fiscalización y Control que establece los pasos para el juicio político y faculta al Congreso Nacional a fiscalizar los demás poderes del Estado.
El proyecto, aprobado ya por el Senado, establece igualmente los pasos legales para la interpelación de los funcionarios y las penalidades en caso de que estos rehúsen cumplir el requerimiento de los legisladores.
Luego de escuchar un informe favorable que hizo de la pieza el presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, Henry Merán y escuchar opiniones de varios congresistas, el vicepresidente del hemiciclo, Lupe Núñez, decidió posponer su conocimiento para la próxima sesión.
La ley permitirá organizar un mecanismo de invitación y citación a los funcionarios y servidores públicos y traza las pautas para que las instituciones rindan cada año su informe al Congreso Nacional sobre el estado de recaudación e inversión de las rentas nacionales.
Merán explicó que la iniciativa tiene como objetivo además la regulación de los procedimientos y mecanismos de fiscalización y control político del Congreso Nacional, conforme a lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución de la República y los reglamentos internos de las cámaras legislativas.
Destacó que este proyecto después de la Constitución es el que más incidirá en la función de los legisladores dominicanos.
“Establece además cuales son las informaciones que tiene que remitir al Congreso, el Banco Central y como se elabora el informe que remite cada año la Cámara de Cuentas de la República Dominicana al Congreso Nacional”, señaló.
El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja dijo que el proyecto de ley crea además dos unidades de seguimiento, control y fiscalización cotidiana de las ejecutorias del Poder Ejecutivo.
“Establece también los requisitos para los informes que tiene que remitir cada año al Congreso el Defensor del Pueblo, sobre su ejecución del año anterior”, añadió.
Merán explicó que en la medida que en el país se siga institucionalizando la función legislativa de los congresistas pasará a un segundo plano y la actividad principal del Congreso será la de fiscalizar a los demás poderes públicos.
