Thomas Jefferson (1743-1826), quien fuera presidente de Estados Unidos, acuñó una frase dotada de una rica experiencia administrativa: Nunca gastes tu dinero antes de tenerlo. Ese consejo sobre el desempeño financiero reviste mucha vigencia y merece ser tomado en cuenta por los hacedores de políticas públicas de cualquier Estado.
Porque cuando un Estado gasta más dinero del que recibe se genera un déficit fiscal o presupuestal. Si el gasto es equivalente al ingreso se registraría un equilibrio fiscal, pero si los recursos financieros que percibe se encuentran por encima de sus gastos se estaría un superávit fiscal. En el presente artículo nos vamos a referir al caso más recurrente en las finanzas públicas: la existencia de un déficit fiscal.
Si un Estado gasta más dinero del que le ingresa acumulará un déficit presupuestal. Y para cubrir ese hoyo financiero tendría que adoptar un conjunto de medidas monetarias y fiscales que ejercería un impacto en las actividades productivas, comerciales y financieras del país en cuestión, acompañado de las correspondientes repercusiones en la esfera político-social.
Porque, ¿cómo reducir el déficit fiscal o presupuestal sin poner en peligro el funcionamiento de la economía interna y abandonar la ruta del crecimiento? ¿Se puede impulsar el desarrollo económico y social de un país recortando el gasto público más allá de lo que la prudencia aconseja y frenado las inyecciones de inversiones públicas en la esfera de la producción de bienes y servicios?
Existen diversas formas para financiar el déficit fiscal, entre las cuales se encuentra la adopción de una política monetaria irresponsable que consistiría en la emisión de billetes de banco sin ningún respaldo en la producción de bienes y servicios, es decir, se trataría de dinero inorgánico, sin ningún valor, lo que afectaría el nivel de precios en el mercado, desatando las turbulentas aguas de la inflación.
También se podría aplicar un conjunto de medidas que controlen los gastos del gobierno en estrecha conexión con las expectativas de ingreso mediante la puesta en práctica de un ajuste fiscal que implique el aumento de impuestos y los recortes del gasto a través de la reducción de la nómina estatal y de las inversiones en obras de infraestructura, lo que podría, si es excesivo, frenar el crecimiento de la economía al generar desempleo, disminución de la demanda interna y convulsiones socio-políticas.
El financiamiento del déficit fiscal también podría concebirse a través del endeudamiento externo (emisión de bonos soberanos, solicitud de préstamos a organismos crediticios multilaterales, tales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros). A pesar de sus aprietos financieros un país endeudado sigue existiendo, no es declarado en quiebra, y tendrá que buscar mecanismos prácticos para honrar sus obligaciones externas.
Pero cuando un Estado registra ingresos por debajo de sus compromisos de gastos en las esferas de salud, educación, vivienda, transporte, seguridad social, inversiones en la producción agropecuaria, energética e industrial, entre otros, se hace imperativo la concertación de un gran pacto fiscal que concentre a los diversos sectores públicos y privados de la sociedad en la búsqueda de soluciones a la falta de recursos financieros para impulsar el desarrollo económico y social.
