Basta tomar cualquier diario dominicano para encontrarse con docenas de noticias vinculadas con la falta de regulaciones en materia de competencia en República Dominicana. Desde los precios de las escuelas privadas, los libros de texto, las comisiones de la AFP hasta la producción agrícola, los huevos, las aves, otra veda a productos dominicanos en el exterior, todo eso incluyendo el problema eléctrico, el transporte, etc. todos esos problemas surgen de una misma fuente. Es increíble pensar que la solución definitiva a estos males, que se repiten religiosamente todos los años, está a la distancia de un mísero decreto, uno tal cual como los centenares que ya ha dictado el Presidente Medina, un simple decreto que designe al Director Ejecutivo de Pro-Competencia y apruebe sus reglamentos. Ya es tiempo.
El Poder Ejecutivo ha mostrado un deseo loable de promover el desarrollo de la micro, mediana y pequeña empresa con abundancia de financiamiento y apoyo en las compras del Estado, pero puede ir sabiendo desde ahora que todo ese esfuerzo será totalmente inútil sin en el día a día de sus operaciones estas empresas son aplastadas por prácticas desleales por sus competidores más grandes y establecidos. Prácticas que han venido saltando a la vista en el mismo proceso de auxilio que ha iniciado el Estado.
Por otro lado, el país ha estado viviendo en una eterna crisis eléctrica que a confesión de las propias autoridades, es un mercado plagado de distorsiones. El Estado podrá licitar 1,000 plantas a carbón con 300 megavatios cada una si desea, pero eso no va a solucionar un problema que es esencialmente de mercado. Sea por colusión de competidores o por restricciones regulatorias irracionales, no hay interés privado en entrar al sector eléctrico dominicano, no obstante ser abundante en oportunidades para una creciente demanda insatisfecha, y si eso no es resuelto, no habrá parche que valga.
A su vez el país se ha embarcado en el monumental y muy costoso proceso de mejorar la Educación. Pero no es secreto que de nada servirá aumentar la cantidad de aulas sin control o aumentar salarios a los profesores, si la calidad de la educación sigue siendo pobre sea por el método de enseñanza, o por los mismos libros de texto empleados, algo que ha venido demostrando la educación privada, que a pesar de ser buena comparada con la pública, es notoriamente deficiente en el gran esquema de cosas. Si las escuelas privadas no son capaces de competir entre si por mejores servicios, calidad y metodología, eso es algo que no va a cambiar.
Este es un ejercicio que podría repetirse ad infinitum con montones de mercados e industrias de nuestro país que son marcadamente deficientes, todo por la falta de una regulación adecuada sobre la competencia. Y lo único que se requiere es un simple decreto del Presidente Medina.
Naturalmente va a producirse resistencia de los mal llamados “sectores productivos” y posiblemente hasta de los mismos entes reguladores de mercados especializados, que van a sentir la insistencia de otra entidad forzándoles a hacer de sus sector más competitivos. Pero eso no es excusa para seguir retardando lo que claramente es inevitable y sumamente necesario.
