En los momentos de retroceso filosófico y de vida, necesitamos legisladores y legisladoras con conocimiento y sabiduría para establecer análisis argumentativos en los que la ciudadanía nos reflejemos. Sin embargo, la mitad de este país, que somos mujeres, sucumbimos frente al vacío de tramas argumentales que nos incluyan, porque no nos reconocen. Se impone reflexionar.

Por un lado, y de acuerdo a teoría política de El Contrato Social, propuesta por Jean-Jacques Rousseau, las personas para vivir en sociedad tenemos deberes y derechos que se regulan por el Estado. En este pacto social se fundamenta nuestra vida democrática, a partir de una serie de cláusulas que son las leyes y que las personas ciudadanas podemos modificar en el paso del tiempo y conforme con la realidad, contando con la representación de elegidos y elegidas.

La lucha por establecer un contrato social que responda a los derechos de las personas, o DDHH, ya fue enunciada en el Cilindro del Rey Persa Ciro y los sacerdotes babilonios hace alrededor de 2,539 años y ha sido cíclicamente histórica y en nuestra cultura patriarcal, exclusiva y desigual.

De manera formal a partir de la Revolución Francesa, esta inequidad patriarcal define a la persona sujeta de derechos, como un hombre blanco, en edad de producir y burgués, perfil que quedó fijado en el período constitucional de nuestra historia y que se mantiene a través del tiempo.

Ese masculino joven y poderoso, es un sujeto exclusivo que deja por fuera a etnias y razas, a hombres adultos mayores y a niños, a mujeres en todos su desarrollo etario, a personas “desclasadas” y pobres y a quienes tienen otra orientación sexual que no sea la establecida por la perversa y machista rigidez del medioevo.

Será por eso la dificultad de legisladores y legisladoras para pensar en las dominicanas como ciudadanas diferentes?

Por otro lado, sabemos que la aplicación de penas a los actos delictivos buscan resocializar a las personas que violan las leyes, desanimar a quienes piensen cometer actos que quiebren la convivencia y desde el punto de vista de la sociedad entera, reafirmar la confianza en el Estado.

Si en nuestro país las condenas por aborto prácticamente no existen, por qué mantener una penalización criminal sobre el aborto? Es suficiente motivo mantener de manera forzada al aborto como un crimen solo porque hay espacios religiosos qué así lo consideran?

Solo dos cavilaciones -el espacio no permite más- hacen pensar que en tiempo de entereza y coherencia, adolecemos de reglas éticas para la sociedad política. Qué pena!