Los bajos salarios, la desigualdad social, alto costo de la vida, precios de los alimentos caros, insatisfacción de la Seguridad Social, inseguridad ciudadana, y violencia, entre otros males, afectaron a trabajadores dominicanos en el año 2015, establece el informe anual dado a conocer por las confederaciones Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Autónoma Sindical Clasista (CASC), y Nacional de Unidad Sindical (CNUS).
Aseguran que en el país existe una mala distribución de la riqueza, la cual se manifiesta en los bajos salarios cuya revisión en el Comité Nacional de Salario (CNS), llevó a la rotura en mayo pasado del diálogo, durante la última revisión salarial, donde el sector empresarial y el gubernamental, impusieron un aumento de un 14%.
Deploran que el Gobierno no escuchara el planteamiento de que en el Presupuesto General del Estado se incluyera un aumento general de sueldos y pensiones para el sector público.
“Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo, se ignoraron estas peticiones, manteniendo la inequidad de ingreso en el sector público y el privado”, subrayaron.
Exponen que la política de impuesto que rige en el país sigue regresiva, porque se dirige al consumo, “y por eso más de 40 productos de la canasta básica, hayan aumentado su precio según lo afirmara un estudio reciente de Pro Consumidor”.
Refieren que si se relacionan los impuestos con los precios de los combustibles y la forma de cálculo para establecer su precio, la carga fundamental de la sostenibilidad económica del Estado recae sobre el ingreso de los trabajadores sin importar el área o nivel que estén.
Ramos, del Río y Abreu, expresaron que el movimiento sindical ha planteado la revisión a fondo de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social y una mayor inversión en el sector salud de la red pública.
Deploran que a 14 años de estar en vigencia la ley 87-01 no se hayan satisfecho las expectativas creadas, y surjan inequidades como limitar costo a las enfermedades, excluir a pensionados y jubilados, exclusión a los padres, aunque sean dependientes de los hijos, y regateo en el catálogo de prestaciones sobre procedimientos médicos que se excluyen sin tomar en cuenta las enfermedades.
Sostienen que el país está compelido a una reforma de la Ley 41-08 sobre Función Pública para garantizar el ejercicio del derecho de sindicación que tiene los servidores públicos, porque esa ley no reconoce el derecho a la negociación colectiva en el sector público, pese a que tienen rango constitucional.
UN APUNTE
Convulsiones sociales
Las centrales sindicales afirman que el país se caracteriza por un alto crecimiento económico, y rentabilidad empresarial excesiva, que crean desigualdad abismal entre la minoría que recibe el 48% del producto interno bruto, y el otro 58% se mal distribuye entre las diversas clases. Advierten que se debe reflexionar porque eso en el futuro puede originar grandes convulsiones sociales.
