Hace dos semanas, un abogado que ejerce en el Distrito Judicial de San Juan de la Maguana, le fue impuesta una medida de coerción de tres meses de prisión preventiva, por el hecho de supuestamente ultrajar a un juez de la Corte de Apelación Penal de aquella jurisdicción.
También una juez de la Instrucción, licenciada Margarita Cristo, se querelló contra la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Yeny Berenice Reynoso, ante el procurador de la Corte Penal, por la comisión de ultraje en una audiencia donde se conocían los méritos de una querella interpuesta contra Victor Díaz Rúa, imputado de varias infracciones.
El artículo 222 del Código Penal expresa que cuando uno o muchos magistrados del orden administrativo o judicial, hubieren recibido en el ejercicio de sus funciones, o a causa de este ejercicio, algún ultraje de palabra, o por escrito, será castigado con prisión correccional de seis días a seis meses.
El mismo texto señala que si el ultraje con palabras se hiciere en la audiencia de un tribunal, la pena de prisión correccional de seis meses a un año. El ultraje puede ser hecho por dibujos no públicos tendentes, en diversos casos, a herir el honor o la delicadeza de los magistrados.
A veces se puede confundir el ultraje a un magistrado del orden judicial, cuando una parte, a través de su abogado, recusa al juez o pide la declinatoria de un proceso por sospecha legítima, toda vez que existen serias acciones que comprometen la parcialidad del juzgador.
Siempre deben existir buenas relaciones entre jueces y abogados, dado que la estimación y la confianza recíproca resultarán favorecidas y aumentadas entre ambos. Y es por tales razones, que los magistrados no deben actuar con ligereza querellándose contra letrados que postulan en los tribunales.
El asunto debe ser manejado con cuidado, puesto que el artículo 223 del Código Penal, señala que el ultraje hecho por gestos o amenazas a un magistrado, en el desempeño de sus funciones, o con motivo de ese ejercicio, se castigará con prisión de seis días a tres meses, aumentándose la pena hasta dos años de prisión si el ultraje ocurriera en audiencia.
