El Gobierno viola gravemente la Constitución de la República al ceder a presiones foráneas para otorgar prórroga de un año a los haitianos inscritos en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), el cual está plagado de irregularidades, afirmó hoy el diputado de la Fuerza Nacional Progresista (FNP).
El doctor Pelegrín Castillo sostuvo que con esa decisión de las autoridades se siguen enviando las peores señales de servilismo e inconsistencia al incumplir su propia legalidad de cara a un Estado fallido que nunca respeta acuerdos, y una comunidad internacional cínica e irresponsable que quiere rehuir o minimizar sus obligaciones.
Deploró que el recién designado arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Francisco Ozoria, respaldara esa medida que consideró socava aún más “la débil institucionalidad” que existe en esa materia.
El Plan benefició 143 mil haitianos indocumentados.
Ilegal
El exjuez Juan Miguel Castillo Pantaleón calificó de ilegal la prórroga dada por el Gobierno a los extranjeros que se carnetizaron, la mayoría haitianos, durante el Plan de Regularización ya que el plazo otorgado se vencía el 17 de julio de este año.
El doctor Castillo Pantaleón dijo que la Ley General de Migración ni la Constitución contemplan prórroga masiva para los extranjeros en proceso de regularización. La ley establece soluciones individuales no colectivas, “la ley prohíbe el manejo colectivo de casos”, explicó.
“Si ahora mediante un simple acto administrativo se hace una prórroga, ello violenta su propia ley y la Constitución de la República”, y los parámetros del Plan de Regularización dentro de los requisitos establecidos tienen que ser por caso individuales no de manera colectiva. “Una prórroga colectiva eso va en contra de la ley”.
En tanto que Pelegrín Castillo dijo que el Gobierno del Presidente Medina viola el artículo 3 de la Constitución.
“Pero lo más grave es que esa nueva muestra de penosa inconsistencia, de un gobierno que no sabe decir no a los poderes foráneos, y que solo estimulará más agresiones contra nuestra soberanía, ocurre con una frontera abierta, que es una franca y permanente invitación a los haitianos a ingresar masivamente al territorio, a la vez que constituye una demostración de cara a la comunidad internacional de que la solución a los problemas de Haití está en República Dominicana”, manifestó.
“Es contraproducente y peligroso defender los derechos de las personas, desconociendo o violentando los derechos de las naciones”, señaló para añadir que “De buenas intenciones están los caminos del infierno, es una sentencia que deben tener presentes todos los que ingenuamente no ven las implicaciones de seguir tratando como una cuestión humanitaria lo que es sobre todo un complicado problema internacional”.
El dirigente político de la FNP y el Polo Soberano reiteró que el Gobierno se comprometió con las poderes foráneos y oligárquicos, a revertir la sentencia por diferentes medios la Sentencia 168-13 como parte de los compromisos con agendas antinacionales para hacer viable la reelección.
EL DATO
El arzobispo
Monseñor Francisco Ozoria consideró correcta la decisión del Gobierno de prorrogar un año el tiempo para que los extranjeros concluyan el proceso de legalización y la calificó como de humanitaria y alto contenido social.
