Mientras el público da seguimiento al vaivén legal del juicio por los sobornos de Odebrecht, el país no se puede detener en espera de lo que resulte allí y debe someter a seria evaluación sus mecanismos internos de prevención de la corrupción.

Por encima de toda especulación que pudiera surgir a raíz de este caso se levanta una verdad incuestionable, Odebrecht confesó haber pagado sobornos a funcionarios públicos de la República Dominicana, lo que unido a la confesión de la también empresa brasilera Embraer con el caso de los Super Tucanos, es clara prueba de que toda la maraña de leyes aprobadas para detener la corrupción fracasaron.

Las leyes de Compra y Contratación del Estado, de la Cámara de Cuentas, de Declaración Jurada de Patrimonio (la nueva y la vieja), de Soborno en el Comercio y la Inversión, y evidentemente todas las leyes que han pretendido fiscalizar los actos de los funcionarios públicos no fueron suficientes para detener el pago de sobornos a cambio de beneficios en estos casos de enorme magnitud.

Por un lado es evidente que la fiscalización no ha sido adecuada, puesto que la actuación no se moviliza a instancia de organismos internos sino como consecuencia de confesiones a jurisdicciones en el extranjero. Esto pudiera deberse a falta de recursos legales para actuar, falta de capital económico o humano para ejecutar sus mandatos, un inadecuado régimen de incentivos, conflictos de interés u otras razones que debilitan la capacidad de fiscalización.

Por el otro lado, empiezan palpablemente a saltar a la vista una serie de lagunas en los textos legislativos respecto de estos temas. Desde la ambigüedad en los criterios aceptables de elegibilidad en las compras del Estado, la no previsión de figuras como el beneficiario final, y la falta de directivas sobre el manejo adecuado de conflictos de interés, vistas en las actuales circunstancias muchas de esas leyes no son suficientes para enfrentar lo que idealmente buscaban.

Aún con la adecuación de las leyes que rigen la materia y supliendo los recursos necesarios para la fiscalización, debemos estar conscientes que eso no será suficiente para evitar que casos como el de Odebrecht o Embraer se repitan.

Los países que en gran medida han logrado superar el problema de la corrupción administrativa debieron someterse a cambios culturales profundos que no solo se extendieron sobre el Estado, sino sobre el sector privado y la sociedad en general, algo que para lograr nos tomará años, sino décadas.