Santo Domingo.– El presidente dominicano, Luis Abinader, promulgó este martes la Ley 45-25, que ordena la fusión de los ministerios de Hacienda y el de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) en una nueva entidad denominada Ministerio de Hacienda y Economía.
Esta transformación institucional también deroga la Ley núm. 496-06, del 28 de diciembre de 2006, que creó la entonces Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo.
La normativa, aprobada de urgencia por la Cámara de Diputados en la sesión del 15 de julio de 2025 y previamente sancionada por el Senado el 22 de mayo, busca mejorar la articulación entre la política fiscal y el sistema de planificación e inversión pública, alineándose con los principios de eficiencia, sostenibilidad fiscal y buena gobernanza.
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Fortalecimiento institucional
La legislación reorganiza las estructuras orgánicas de ambos ministerios, consolidándolas en un único órgano rector de las políticas económicas, financieras y de planificación del país.
Con la entrada en vigor de esta ley, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo queda suprimido, y sus funciones esenciales en planificación, economía e inversión pública serán asumidas por el nuevo Ministerio de Hacienda y Economía.
Asimismo, ciertas competencias, como las relativas a cooperación internacional y ordenamiento territorial, serán transferidas al Ministerio de la Presidencia.
La estructura viceministerial también será reorganizada, integrando áreas funcionales como Tesoro y Patrimonio, Presupuesto y Contabilidad, Planificación e Inversión Pública, Política Fiscal, Crédito Público y Economía.
El nuevo ministerio queda establecido como el ente rector del sistema nacional de planificación e inversión pública, así como de las políticas macroeconómicas y fiscales.
Además, la ley incluye disposiciones para garantizar la continuidad de los servicios públicos, asegurar una transición ordenada del personal y establecer los plazos correspondientes para la adecuación normativa, administrativa y presupuestaria.
Esta reforma se enmarca dentro de las líneas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo y del Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública, y responde al compromiso del Gobierno de dotar al Estado dominicano de estructuras más racionales, eficaces y orientadas a resultados.