Santo Domingo – El presidente Luis Abinader reafirmó este lunes el compromiso de su gobierno con la lucha contra la corrupción, la transparencia y la consolidación de un Estado ético y responsable, mediante la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP).
El mandatario explicó que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) coordinan el plan que busca fortalecer la confianza ciudadana y promover una cultura de integridad en todo el sector público.
Como parte de esta estrategia, se lanzó la campaña “Protegiendo lo Nuestro”, acompañada de un portal para denuncias anónimas: www.denunciaspepca.pgr.gob.do.
La ENIP se centra en cuatro pilares: prevención de riesgos de corrupción; instituciones más abiertas y responsables; mayor transparencia y rendición de cuentas; y cumplimiento de estándares internacionales. Su implementación se organiza en seis ejes estratégicos:
Transparencia y Gobierno Abierto: acceso a la información, procesos participativos y transformación digital.
Calidad Democrática: elecciones íntegras, regulación del financiamiento político y fortalecimiento institucional.
Administración y Servicios Públicos: profesionalización, ética obligatoria y cultura organizacional que fomente denuncias seguras.
Contrataciones y Alianzas Público-Privadas: compras transparentes, prevención de conflictos de interés y trato equitativo a proveedores.
Control y Fiscalización de Recursos Públicos: modernización de mecanismos de control interno y externo y monitoreo con tecnología.
Integridad en la Justicia y lucha contra la impunidad: sistema de denuncias protegido, persecución penal efectiva y recuperación del patrimonio público.
Por primera vez en la historia del país, la corrupción se reconoce como delito autónomo en el Código Penal (artículo 284), permitiendo sancionar toda conducta que afecte los bienes del Estado.
Entre las sanciones previstas se incluyen: prisión de 3 a 10 años, inhabilitación para ocupar cargos públicos, devolución de fondos, multas de hasta 60 salarios mínimos y responsabilidad penal para personas jurídicas, incluyendo decomisos y prohibición de contratar con el Estado.
El presidente Abinader destacó que los delitos contemplados incluyen contrataciones irregulares, peculado, desfalco, concusión, prevaricación, coalición de funcionarios, enriquecimiento ilícito, soborno, tráfico de influencias y abuso de funciones.
La implementación de la ENIP busca garantizar que cada acto de corrupción sea sancionado con rigurosidad y transparencia, reforzando la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.