El presidente de la República, Luis Abinader, está librando una gran batalla para que su gestión no se empañe con la hidra de siete cabezas que denominamos corrupción administrativa. Ella amenaza con tornarle en pesadilla su sueño de dejar un legado que hombre la memoria de su padre y dé un ejemplo a la sociedad dominicana.

La condición sociopolítica del líder del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) le obliga a cuidar su imagen con el mismo celo con que protege la niña de sus ojos. Por una parte, Abinader no es un pequeño burgués que llegó al Gobierno para acumular riquezas con la finalidad de ascender en la escala social y continuar en la actividad política sin preocupaciones económicas. Esa ha sido la práctica en la mayoría de nuestros políticos. Abinader es una excepción en esa regla.

Ciertamente, Luis Abinader es un gran burgués. Y esto no se debe solo a que es uno de los jefes de Estados con más dinero de Latinoamérica, ni a que nació en cuna de oro, debido a que su familia era multimillonaria cuando él vió la luz del mundo. La condición de gran burgués le viene a Abinader de que ha sido un exitoso inversionista, principalmente del sector turístico de las zonas costeras del Norte del país. Ha contado con un ejército de asalariados a su servicio en las múltiples empresas que ha tenido y desarrollado.

Todos debemos saber que el burgués con conciencia de clase social en sí y para sí no permite, bajo ninguna condición, que lo asocien con malversaciones de fondos públicos. Él sabe producir dinero en el circuito económico capitalista y comprende perfectamente que su prestigio y honor son las prendas más preciadas y elevadas para que sus negocios prosperen en las esferas privadas.

Más aún, sabe también que solo con un Estado fuerte y libre de corruptela la clase social que representa, debido a que no es un simple miembro de ella, en esta Patria de Duarte y Luperón, puede jugar su papel en la economía y la política nacionales.

Y, por la otra parte, Abinader tiene un serio compromiso con lograr que el PRM continúe en el Poder. Lo complirá si marca la diferencia con los gobernantes que han quedado manchados por la corrupción administrativa.

Es por eso que el presidente Abinader ha expresado que no tiene cómplices en su gobierno. Y ha sometido a la justicia a los funcionarios vinculados con los escándalos de ese flagelo, como el del SENASA.

Abinader hace muy bien con poner en manos del Ministerio Público para que proceda, conforme al sistema jurídico. Esa es la acción de todo presidente democrático. Resulta inevitable que en el Gobierno se produzcan actos de corrupción. Lo que debe erradicarse, si queremos una sociedad civilizada, es la impunidad. Y Abinader lo sabe.