El desinterés de las autoridades para aclarar y establecer responsabilidades sobre grandes escándalos de corrupción y crímenes todavía impunes abonan los planteamientos de candidatos presidenciales como Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y otras agrupaciones, a favor de la designación de un procurador general independiente.
Todas las evidencias indican que por intereses políticos no se han investigado a fondo casos como los sobornos de Odebrecht para Punta Catalina y otras obras ni las denuncias sobre la supuesta asignación grado a grado de contratos por más de 11,500 millones de pesos para la importación de asfalto en el Ministro de Obras Públicas.
Los nubarrones no se despejan con la designación de un procurador independiente. En primer lugar hay que fabricarlo por lo difícil que resulta encontrar una persona sin algún tipo de simpatías políticas para esas funciones. Al margen de la experiencia con unos independientes que han terminado más parcializados y comprometidos con violaciones vergonzosas que cualquier apasionado militante de un partido político. Nadie debe llamarse a engaño. Con tal de que sea responsable y cumpla lo que establecen la Constitución y las leyes esa persona puede buscarse, sin recurrir a la linterna de Diógenes, con la seguridad de que se encontrará, en el propio PLD, el PRM y cualquier otra organización.
Pero si Abinader lo que quiere combatir la corrupción y la impunidad, puede, de ganar las elecciones, suscribir un acuerdo con las Naciones Unidas para instalar en el país, a fin de cooperar con el Ministerio Público, un comisionado como el que coordina el colombiano Iván Velásquez en Guatemala. Gracias a Velásquez y su equipo el expresidente Otto Pérez Morales y la exvicepresidenta Roxana Baldetti están presos desde 2015 cuando renunciaron a sus posiciones al documentarse su participación en una red de corrupción. Otros destacados líderes políticos, entre ellos el expresidente Álvaro Colom, también terminaron tras las rejas como resultado de las investigaciones de la comisión de la ONU.
Tratándose de una comisión auspiciada por la ONU las pesquisas no solo tendrían más credibilidad, sino más dimensión internacional. Costaría utilizar el socorrido recurso de retaliación o persecución cada vez que se imputa a un líder político por un caso de corrupción. Si Abinader está tan interesado en devolver al Ministerio Público esa función que las autoridades no han podido cumplir por cuestiones políticas debe sopesar la contratación de una comisión como la que coordina Velásquez. Pero hablar de un procurador independiente para combatir la corrupción y la impunidad no pasa de una loable declaración de intenciones.
