Desde tiempos inmemoriales la clase pensante y representantes del sector empresarial han insistido en la necesidad de reformas estructurales para sustentar el desarrollo político, económico y social del país.

Pero ahora que las transformaciones se han planteado en serio, con una voluntad real de emprenderlas, asoman reservas, condiciones y rechazo frente a una iniciativa que, con o sin consenso, tiene que ejecutarse para consolidar el sistema institucional, garantizar el crecimiento y, por ende, mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías.

Esas reformas que contempla el presidente Luis Abinader, quien por demás cuenta con el aval moral, serán su gran legado político, que lo catapultarán a la historia como un gobernante que creó las bases para el desarrollo y el bienestar de la nación. Si espera a que se den todas las condiciones, objetivas y subjetivas, entonces se perderá la oportunidad de encarrilar este país por la senda del progreso.

Debe servir de ejemplo la actitud de esos sectores que ayer las auspiciaban, tal vez por moda, intereses o las consideraban una quimera, que hoy reculan. Y hasta el mismo rechazo de la oposición, que las apadrinó desde el poder a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Abinader cuenta con la mayoría legislativa y el respaldo de vastos sectores para impulsar las reformas de la Constitución, no solo para blindarla frente a las ambiciones de poder, sino para revitalizar la modernización del Estado a través de la creación de un Ministerio de Justicia y la independencia del Ministerio Público. También para aprobar una reforma fiscal integral, enfrentar las iniquidades del sistema de seguridad social, abordar desde otra perspectiva el drama de la seguridad ciudadana, la crisis del sector eléctrico, la deprimente realidad de la educación y la salud y otros cambios necesarios.

La oposición, para no reconocerle méritos o por cualquier otro motivo, no respaldará unas reformas vitales para crear confianza y fomentar la inversión nacional y extranjera vía la consolidación del sistema institucional, así como para enfrentar el dispendio de recursos que pueden destinarse a elevar la calidad de la enseñanza y mejorar el sistema de salud. Con los 29 de 32 senadores y los 148 de 190 diputados el oficialismo tiene la mayoría calificada para sancionar unas reforma que desde el primer momento cuentan con el respaldo del sector empresarial, representantes de la sociedad civil y grupos populares.

Lo ideal es alcanzar el consenso con las fuerzas opositoras por medio de una amplia y sincera discusión, pero si ellas insisten en negarse, con argumentos pueriles, que de hecho lo dejan mal paradas, el Presidente no tiene más alternativas que seguir adelante.