Ante la indignación ciudadana por los casos de tres jóvenes muertos después de permanecer arrestados en destacamentos policiales de Santo Domingo, San José de Ocoa y Santiago, el Gobierno dispuso un conjunto de medidas para frenar actos de violencia y represión atribuidos a la Policía Nacional.
Entre esas medidas sobresale la creación en el Ministerio de Interior y Policía del centro de control y monitoreo de los recintos policiales, así como la instalación de cámaras en todas las patrullas y destacamentos, en procura de documentar el comportamiento de los agentes.
Resulta difícil precisar si el uso de tecnología, como cámaras filmadoras, desalentaría entre los miembros de esa institución un notable y generalizado comportamiento relacionado con la violación de derechos y empleo innecesario o excesivo de la fuerza.
El comisionado para la reforma de la Policía, José Vila del Castillo, y el ministro de Interior, Jesús Vásquez Martínez, ofrecieron seguridades de que con el proceso de transformación de esa institución se logrará que inspire confianza, brinde seguridad y sea respetado por la ciudadania.
A meses de iniciado su proceso de innovación, la Policía ha retrocedido al punto que en vez de una institución de cercanía con la población incurre en excesos que incluyen golpizas, torturas y crímenes extrajudiciales, como lo demuestran las muertes de David de los Santos, José Gregorio Custodio y Richard Báez.
Se resaltan las medidas de urgencia anunciadas por las autoridades que incluyen colocar el departamento de Asuntos Internos de la Policía bajo la dirección del Ministerio de Interior, así como la creación de un centro nacional de control de tránsito, pero asaltan las dudas sobre la efectividad de tales iniciativas.
El proceso de reforma policial debe incluir una profunda depuración de la membrecía de la Policía a los fines de garantizar que nunca más delincuentes persigan a delincuentes y que se borren para siempre los casos de complicidad de agentes con la delincuencia y la criminalidad.
Es verdad que más de 80 años de vigencia de una policía represiva, negadora de su propia ley orgánica y de la Constitución, no se puede transformar de la noche a la mañana, pero tampoco hay que esperar una eternidad para frenar tantos desafueros de lo que va camino a convertirse en una ignominia.
