El Estado moderno surgió luego de una cadena de revoluciones que inició con la Revolución Cultural que fue El Renacimiento, seguido por La Reforma Protestante, la aparición del método científico en Ciencias Naturales y un conjunto de propuestas jurídico-políticas formuladas por pensadores e intelectuales durante los siglos XVII y XVIII que culminaron en la publicación del diccionario razonado de Filosofía, Ciencia y Arte, conocido como la Enciclopedia, es decir, que a lo largo de 300 años se fueron acumulando los factores socio culturales de la lucha entre la emergente clase de los comerciantes contra la nobleza de origen feudal que controlaba las sociedades de la época a través de las monarquías y la cosmovisión feudal.

En la larga lucha contra el viejo orden feudal se derrotó la cosmovisión feudal, al cambiar la concepción teocéntrica por la antropocéntrica; surgió, y fue tomando carta de ciudadanía, el libre albedrío y se expandiendo junto al protestantismo, lo hizo posible ir superando las sujeciones personales dominantes en la dominación feudal.

Otro factor importante fue que la política y el derecho se separaron de la teología y la moral, emergiendo como disciplinas autónomas, y gravitando decisivamente en la época con una serie de propuestas tendentes a destronar las viejas concepciones jurídico-políticas existentes y crear las bases normativas para futuras normas de organización de las sociedades.

El Renacimiento, La Reforma y La Ilustración se inscribieron en las luchas sociales de los grupos burgueses ascendentes contra el viejo orden societal, pues retaron su visión del mundo al central las críticas contra el viejo régimen, en particular contra el sistema político vigente y reclamar que la sociedad se organizara como República y se rigiera por una Constitución y no como monarquía regida por la voluntad de una persona; además, proponían que debía tener un conjunto de leyes que complementaran las disposiciones constituciones.

A esas propuestas siguieron otras para que los gobernantes y funcionarios públicos fueran electos y no designados por la cuantía de sus riquezas o por herencia. De ahí la propuesta de elecciones o sufragios generales para consustancial la nueva visión organizativa. Por igual, se sugirió que todo funcionario debía ser responsable, es decir, quedaba obligado a rendir cuentas de los bienes bajo su custodia o jurisdicción, de esa manera se aspiraba a superar la irresponsabilidad característica del monarca que no tenía que rendir cuentas sino ante Dios.

Tras la Revolución Puritana en Inglaterra, la independencia de las Trece Colonias y la Revolución Francesa se comenzaron a plasmar políticamente las propuestas de los Ilustrados, por lo que se toma como origen de la modernización estatal; aunque a lo largo del siglo XIX hubo retrocesos y avances lentos. Desde entonces se habla de Estado moderno.

Para lograr un Estado Republicano, Constitucional, con leyes para las distintas áreas del quehacer político estatal, hubo ingentes luchas porque los remanentes feudales no estaban dispuestos a ceder pero, en algunos casos, pactaron políticamente, para no perderlo todo, como muestran los casos de Inglaterra, Bélgica, Holanda y Dinamarca que aun hoy tienen Monarquías, aunque constitucionales. En Estados Unidos la burguesía logró una República Presidencialista y en Francia una República Parlamentaria, porque en ambos casos la doctrina liberal fue acogida inextensa, pero excluyentes de jóvenes, mujeres y trabajadores, y, sustancialmente patriarco-capitalista, el sentido de ciudadanía era para los hombres ricos.

En América las luchas de los liberales para crear espacios democráticos permearon todo el siglo XIX, antes, durante y después de las luchas independentistas y marcaron las características principales del enfrentamiento de los pueblos contra las oligarquías y las burocracias coloniales. Estos por perpetuarse el viejo orden colonial, y los pueblos, representados por próceres portadores de ideales liberales, por forjar sociedades incluyentes.

El resultado fue una compleja red de contradicciones y alianzas socio-políticas entre las burocracias coloniales y los grupos terratenientes, los altos comerciantes nacionales y extranjeros, de un lado y los pueblos y sus líderes, por otro; donde fueron frecuentes las masacres, los golpes de Estados y las injerencias extranjeras. En distintos momentos de esas jornadas entraron en escena los negros, indios, mulatos, zambos, cholos, etc., todos marginados por siglos y reclamando derechos civiles y oportunidades inexistentes en la época colonial. Como resultado se produjo la independencia y con ella la lucha por mayores espacios de participación.

Históricamente las élites liberales aspiraron a Estados liberales y democracias representativas, tal como en Estados Unidos y Francia, ignorando que Hispanoamérica no tenía las mismas bases económicas y culturales. Aun así, se establecieron leyes e instituciones que, a la postre, simplemente no funcionaron, ni funcionan aún, porque las oligarquías asumieron el poder estatal y sus instituciones y han impedido que el estado se dote de las características de la modernidad y opere como tal.

Los grupos de más influencias económico-sociales lograron instrumentalizar las principales entidades y ponerlas a su servicio e intereses personales, familiares y sectoriales, bloqueando que el Estado naciera como entidad supranacional, al servicio de toda la nación, para que responda solo a los intereses oligárquicos históricamente enquistados en el Poder. Eso ha sido una constante en América Latina.

En República Dominicana el origen del Estado tuvo los mismos bloqueos que en Hispanoamérica, las propuestas democráticas de Duarte fueron ignoradas en la primera Constitución y en cambio se proclamó una donde solo los hombres mayores de 21 años, propietarios y sin defectos físicos ni deudas, podían aspirar a puestos electivos, dejando fuera a la mitad de la población, la femenina, a la mayoría de jóvenes y a los no propietarios, quedando con derechos políticos una élite que poco le importaba los destinos de la nación.

En ese contexto, las propuestas modernizantes de Espaillat, Luperón, Meriño, Juan Isidro Jimenes y Bosch, carentes de apoyo político organizado y dirección estratégica fueron aplastadas, para que siguiera la premodernidad y las formas primitivas de la acumulación de capitales basadas en ejes de acumulación de plusvalía absoluta, que impide el desarrollo democrático.

Ahora, otra vez, cuando un liberal como Luis Abinader llega a la presidencia y pretende introducir un conjunto de reformas para destrabar el Estado y dotarlo de marcos jurídicos, transparencia administrativa y capacidad para responder a las demandas de la Nación, de nuevo los sectores opuestos a la modernización política se activan para sabotearlo, creando una alianza tácita entre oligarquía, sectores del partido gobernante, y, en el Congreso; estos han estado recibiendo apoyo de sectores de las iglesias, de una parte de la prensa y de los demás partidos del sistema, interesados todos en el mantenimiento del caos político administrativo, de las que se han beneficiado siempre.

A pesar de las 39 modificaciones a la Constitución, en República Dominicana aún no se logra dotar al país de marcos jurídicos, instituciones operativas y cuerpo burocrático con los perfiles necesarios para que se produzca una penetración civilizatoria del Estado a la Sociedad Civil.

Tal como como ocurrió cuando gobernaron los liberales, los llamados a defender las reformas, demuestran no tener la menor idea del momento crucial que vive el país. Y, abstrayéndose de las enseñanzas de la historia política del país, ignoran los aprestos de sabotajes, al tiempo que extreman demandas a la presente administración como si esta fuera revolucionaria, cuando solo ha demostrado voluntad liberal con proyectos institucionalizantes. Eso mismo tenían en proyectos Espaillat, Meriño, Juan Isidro Jimenes y Bosch cuando gobernaron, pero los grupos oligárquicos los desalojaron del Poder, porque estaban solos, tal como hoy luce Abinader.

Frente a esa situación, para que él no termine como los presidentes supra indicados, se requiere del apoyo de la masa crítica que pugna por superar el uso instrumental del poder, y así neutralizar a los retardatarios; hay que presionar al Congreso y persuadirlo de aprobar del nuevo marco jurídico que permita superar el Estado premoderno y convertirlo en ente eficiente al servicio de la Sociedad Civil.

Si se aprueban las leyes más importantes propuestas por el presidente Abinader, no todas, porque tengo reservas respecto a otro Pacto fiscal, dado que todos los anteriores han sido farsas al servicio de políticas fiscalistas para beneficios de la alta burocracia y a los empresarios, se podría reconfigurar el marco jurídico de varias agencias estatales y con ello abriría un capítulo esperanzador que necesariamente estrecharía la brecha que históricamente ha separado el Estado de la Sociedad Civil creando nuevos espacios para la consolidación de la transparencia en el ejercicio administrativo del Estado.

Por Dantes Ortiz Núñez