Los acuerdos judiciales se utilizan en muchos países para resolver litigios, abreviar procesos e incluso para desmantelar estructuras criminales a través de delaciones del modus operandi por una de las partes. En Estados Unidos, que es el referente más cercano, son normales los pactos entre las autoridades y procesados hasta por grandes escándalos.

Tras la reforma del Código Procesal Penal, que contempla los acuerdos judiciales desde la medida de coerción hasta en el juicio de fondo, los arreglos entre los imputados y las autoridades han vuelto sobre el tapete. La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, han defendido los pactos como una apuesta para avanzar en los casos penales.

Los acuerdos, en honor a la verdad, no son una novedad ni nada tienen de malo. Todo lo contrario. Son una herramienta útil, pero siempre y cuando se proceda con la mayor transparencia y responsabilidad en beneficio de la sociedad. Hay que señalar que por aquí se han establecido pactos, verbigracia el que se suscribió con el consorcio Odebrecht, que han dejado mucho que desear.

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La constructora brasileña no cumplió el suministro de información para identificar a los sobornados con los contratos sobrevalorados para la construcción de obras, pero tampoco nada se ha hecho para obligarla.

Últimamente se han registrado otros acuerdos con imputados en escándalos de corrupción que por la opacidad han dejado un sabor amargo en la opinión pública. Los pactos no pueden convertirse, en modo alguno, en instrumentos para manipular a la población.

Antes que una salida fácil tienen que ser resultado de una exhaustiva investigación que impida a los procesados salirse con las suyas.

El costo de los procesos judiciales no debe erigirse como argumento para justificar los acuerdos judiciales. El Ministerio Público, que los promueve, debe estar en capacidad de persuadir a los acusados de que el arreglo, siempre que declare toda la verdad, es lo más conveniente para su caso. Porque los cabos sueltos, como se han dado muchos arreglos, provocarán más malestar que satisfacción.

La justicia dominicana, con todo y lo que se ha avanzado, tiene todavía por recorrer un largo camino para alcanzar la eficiencia y confianza de la población.

Los procesos, por distintas razones, se tornan más prolongados de lo razonable, creando malestar en la población. Los acuerdos judiciales son un valioso instrumento para aclarar delitos, pero tienen que cumplir, en el caso nuestro, con todos los requisitos habidos para que resplandezca la justicia.