La Cámara de Diputados preseleccionó a 15 aspirantes a dirigir a la Cámara de Cuentas, de los cuales el Senado escogerá a los cinco que integrarán el pleno de esa institución, incluido a su presidente, una escogencia que la sociedad toda aguarda a que se corresponda con la diafanidad y pulcritud.
La Cámara Baja aprobó, con el voto disidente de la bancada del Partido Fuerza del Pueblo (FP), el informe de la comisión congresual que evaluó a más de un centenar de aspirantes, de los cuales los nombres de 15 fueron encapsulados en cinco ternas.
Aunque legisladores de FP denunciaron que en el proceso de escogencia de esas ternas “hubo inconsistencias que comprometen los principios de independencia y transparencia”, esta vez el Congreso no debe incurrir en el error de escoger titulares de ese órgano fiscalizador que no llenen expectativas éticas ni técnicas.
La historia reciente del pleno de la Cámara de Cuentas, la institución encargada de fiscalizar las cuentas de las dependencias públicas y autónomas, ha sido motivo de vergüenza e indignación colectiva, colmada de sucesivos escándalos, y de evidentes muestras de incompetencia.
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Se resalta que la comisión congresual descartó los nombres de los actuales directivos de esa entidad que pretendían ser confirmados en sus posiciones, como si provocar una crisis de reputación en ese colectivo fuera un motivo de premiación.
Los 120 diputados que votaron por los 15 preseleccionados habrán tenido suficiente conciencia para avalar a cada uno de esos aspirantes, como deben tenerla los 32 senadores que tienen el compromiso de escoger al pleno de la Cámara de Cuentas.
La sociedad dominicana no merece que de nuevo sea esquilmada en componendas políticas o corporativas para diezmar la honra, dignidad y el compromiso de un organismo, que sustentado en la Constitución de la República, tiene el compromiso y la potestad de tutelar el buen uso del dinero público.
A través del desempeño de los nuevos titulares escogidos por las cámaras legislativas, el tiempo dirá si la Cámara de Cuentas logra recuperar su eficiencia, competencia y apego a la ley, o si se mantiene como potrero de inconducta, en cuyo caso el Congreso tendrá que cargar con esa responsabilidad histórica.