México. EFE. Los narcos mexicanos compran por unos cien millones de dólares al mes a miles de policías municipales para que guarden silencio, cierren los ojos o para que actúen como sicarios en ataques a alcaldes, policías o militares, según reconoce el Gobierno de México.

«Me lo reportan, por ejemplo, los militares. Me lo reportan los policías federales, que van entrando a una ciudad, van a un operativo, y por la frecuencia de la policía municipal (…) se oye cómo les están reportando a los criminales cada paso que dan», dijo el presidente mexicano, Felipe Calderón, en agosto pasado.

Les avisan «están llegando al semáforo de tal esquina, y vienen seis camionetas, y traen tanto armamento. Y se ve cómo las propias policías municipales, en algunos casos las patrullas, se interponen para bloquear los accesos» (a las fuerzas federales), reveló Calderón.

El mandatario ha propuesto al Senado la creación de una policía única para cada uno de los 32 estados como una solución a este problema y con miras a profesionalizar y ordenar a las policías del país.

En México hay más de 400.000 policías integrados en 2.000 corporaciones policiales, algunas municipales con apenas 10 agentes. El eslabón más débil de esta cadena son los policías municipales, unos 170.000 que reciben en promedio un salario mensual de 320 dólares, dijeron hoy a Efe autoridades que señalan a estas corporaciones como las más vulnerables al narcotráfico. También están los policías estatales, unos 200.000 efectivos, mejor armados, pero que también han sucumbido a la corrupción.

Además México cuenta con los agentes federales, 41.897, que combaten el crimen organizado junto con unos 45.000 militares. Esa corporación también ha sufrido el embate del narco y altos mandos han sido llevados a los tribunales.

El dolor de cabeza de las autoridades federales son los policías municipales, que en muchos casos pecan por omisión o comisión, pues o cierran los ojos frente al narcotráfico o colaboran con él, dijo Juan Manuel Alcántara, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), uno de los responsables de la renovación policial.

Puso como ejemplo el caso de un alcalde que fue asesinado después de destituir a los policías de su ayuntamiento porque los habían considerado no aptos.

El ministro de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ha reconocido que el pago de los cárteles de la droga a los municipales supera en promedio al salario oficial y calculó que para estos sobornos los narcotraficantes destinan al mes unos 100 millones de dólares en todo el país.