SANTO DOMINGO.- Las Centrales Sindicales expresaron preocupación y sorpresa por aprestos en la administración pública tendentes a desconocer derechos consignados en la Constitución y en la Ley 41-08 en beneficio de los servidores públicos.
Las confederaciones Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Nacional de Unidad Sindical (CNUS), en rueda de prensa deploraron la medida del Ministerio de la Administración Pública (MAP), que impide el pago de las prestaciones laborales a trabajadores del sector público contratados a partir del 16 de enero del año 2008, hasta que se haga un diagnóstico en el Reglamento 523-09 en los órganos del Estado.
Jacobo Ramos, Gabriel del Río y Rafael Abreu (Pepe), dicen que cuando se despide a un servidor público “lo mandan a la calle sin pensión, sin el dinero que acumula para pensión, ni le dan prestaciones, y los mandan a la calle sin ningún amparo, sin protección, desprovisto de toda ayuda”.
Pepe Abreu adujo que desde que el presidente Danilo Medina asumió su segundo mandato, el MAP tomó esa medida y adujo que cerca de tres mil empleados públicos han sido afectados por esa medida.
“Ellos tomaron esa decisión de una manera desconsiderada, desconociendo derechos, porque ese tipo de empleado tiene una desventaja respecto a los trabajadores privados”, precisó.
Agregó que como esos trabajadores no tienen 20 años en la función pública no tienen derecho a pensión y no les devuelven lo acumulado en el sistema.
En tanto, Ramos pidió al presidente Medina revocar esa medida y que se restablezca que todo el servidor público, que sin cometer falta a su contrato laboral sea cancelado, se le entregue el monto que le corresponde por prestaciones (un mes por años hasta los 18 meses).
El presiente de la CNTD refirió que esa decisión constituye una acción de desconocimiento de la Ley de Función Pública 41-08 y su Reglamento sobre Relaciones Laborales (Decreto No. 523-09), “es un desacato a las leyes normas legales contempladas en la Ley”.
Del Río, de la CASC, subrayó que “esa acción constituye un retraso respecto de la evolución a la que hemos estado asistiendo en el ámbito de la profesionalización, estabilidad y reconocimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la administración pública, con respecto a la promulgación de la Ley 41-08 sobre Función Pública”.
