La empresa Isla Dominicana de Petróleo aclaró que el conflicto surgido en torno a dos de las estaciones de gasolina que representa esa compañía en Azua, se originó por la decisión de los arrendatarios de terminar los contratos de manera unilateral y sin respetar los plazos acordados entre las partes.

El representante legal de Isla, licenciado Julio César Camejo, explicó que los tribunales cuando han fallado a favor de esa entidad, lo que han hecho es reconocer la validez y vigencia de los acuerdos contractuales que establecen que el detallista al que se arrienda la estación no podrá ceder, transferir ni arrendar el negocio y ni siquiera podrá otorgar su administración a terceras personas sin la autorización de la distribuidora.

Las gasolineras envueltas en el litigio, ubicadas en el Cruce de Estebanía y en el Cruce de Las Charcas, fueron construidas con recursos aportados por Isla a cambio del derecho a distribuir sus productos con exclusividad y durante un período determinado en los contratos, apuntó Camejo.

Indicó que en los contratos suscritos con el señor Claudio Melo, detallista de la estación del Cruce de Estebanía, se acordó un período de duración de 10 años a partir de la fecha de los convenios, 20 de enero del año 1995, así como dos prórrogas automáticas de 5 años adicionales, contados a partir del vencimiento del período inicial. Por lo tanto los contratos se mantienen vigentes hasta el 20 enero del 2015.

Una situación similar se da en el caso de la estación del Cruce de Las Charcas, donde Isla Dominicana suscribió los dos contratos típicos de arrendamiento y de revendedor con los señores Manuel Calderón y Tomás Suero. Estos acuerdos fueron suscritos en agosto de 2000.