En la primera mitad de este año 2024, nuestro país empieza a vivir un ambiente de plena efervescencia política, motivado por la celebración de los certámenes electorales para elegir las autoridades municipales, congresuales y al presidente de la nación.

Esa ocurrencia, ha venido sucediéndose ininterrumpidamente cada cuatro años, desde 1962 a 2020 (58 años). En ese lapso, tres presidentes electos no completaron su periodo: Juan Bosch, 1962-1966, fue derrocado en 1963 por un golpe de Estado; Antonio Guzmán, 1978-1982, se suicidó el 4 de julio de 1982, a solo 43 días de completar su mandato, y, Joaquín Balaguer, 1994-1998, fue obligado a dimitir en 1996.
Como se puede observar, nuestra democracia electoral funciona relativamente bien. Pero… la democracia plena implica otros derechos, tan importantes y fundamentales como el de elegir y ser elegibles, que ameritan ser atendidos por el Poder Ejecutivo en igual o mayor dimensión.

El comentario viene a cuento, porque revisando el Presupuesto General del Estado para el año 2024, observo que el de la Junta Central Electoral, asciende a 11,600 millones de pesos. Por pura curiosidad, y sin ser limitativo, procedo a compararlo con los presupuestos de: 1) Poder Judicial 8,600 millones de pesos; 2) Ministerio de Cultura, 4,000 millones de pesos; 3) Ministerio de Deporte, 3,800 millones de pesos y 4) Cámara de Cuentas, 1,500 millones de pesos. Los valores son aproximados.

Como podemos ver, el país otorga mayor cantidad de recursos económicos a la Institución que organiza y supervisa los procesos electorales que, a las que administran justicia, cultura, deportes, y la que tiene el mandato constitucional de fiscalizar y controlar el uso de los recursos y fondos públicos.

De continuar aplicando ese formato, una franja de la ciudadanía ira perdiendo el interés en participar, sobre todo los segmentos menos favorecidos, toda vez que, son los que cargan con las consecuencias de una justicia retardada, difusión ineficiente de la cultura, oportunidades limitadas en los deportes, y la injusta e ineficaz ejecución del Presupuesto General del Estado.