Santo Domingo.- Organizaciones ambientalistas pidieron al presidente de la República, Luis Abinader, derogar el decreto 270-22, que concede a la empresa minera Barrick Gold más de 31 millones de metros cuadrados en la provincia Juan Sánchez Ramírez.

El Colectivo Justicia Climática y la Red Dominicana de Estudio y Empoderamiento Afrodescendiente –RedAfros, alegaron que dicha adjudicación no cuenta con el apoyo ni el consentimiento documentado mediante consulta con las comunidades.

Estiman que ese es un requisito indispensable para el proyecto, porque está avalado por las normativas ambientales del país y entra en contradicción con el clamor del Acuerdo de Escazú para la protección de los defensores ambientales en Américas.

Asimismo, condenaron las agresiones de que han sido víctimas varios ambientalistas de Cotuí, que se oponen a ser desalojados de sus terrenos para dar paso a la construcción de una presa.

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“A la luz de los derechos humanos y la dignidad humana, son inaceptables las agresiones físicas y morales de que han sido víctimas defensores ambientales en las comunidades de Cotuí, quienes, en legítimo derecho, se oponen a ser despojados de sus tierras y el proyecto de la Barrick Gold de instalar una presa de cola en Zambrana”, agregaron las organizaciones.

Señalaron que ello representa “una real amenaza a la seguridad ciudadana y territorial”.

También, exigen a las autoridades resarcir a los comunitarios ante los abusos, y someter a la justicia a los responsables de llevar a cabo estas acciones.