Santo Domingo.- El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (Anpa) acusó al ministro de Agricultura de permitir el uso de los recursos públicos para sobornar personas que están organizando actividades paralelas y obstaculizar las voluntades de agrónomos
La información la ofreció el secretario general Danilo Severino, responsabilizando al ministro Limber Cruz “de ejecutar un marcado propósito de dividir, debilitar y posteriormente inhabilitar la ANPA” de los agrónomos a nivel nacional.
Según la nota, “esas acciones y manejos están orientados a boicotear el libre desarrollo del proceso electoral, así como el torpedeo en contra de la Comisión Electoral constituida por consenso de las diferentes corrientes gremiales”, aseguro Severino.
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Explica que el proceso de elecciones marchaba de manera normal hasta que el pasado día 7 del presente mes, funcionarios de Agricultura ordenaron el retiro de sus empleados de la Comisión Electoral.
Además el 31 de marzo ocuparon el Club de Profesionales en un intento de formar una comisión paralela, sumisa a sus intereses políticos y económicos, cuyo objetivo es manipular los resultados electorales ajustados a su conveniencia.
Severino, lamentó que mientras el país espera un nuevo año 2023 plagado de crisis por efectos de la pandemia, gobierno debería dedicarse a diseñar y ejecutar políticas públicas agropecuarias orientadas a garantizar la seguridad alimentaria de los dominicanos,
El dirigente del gremio consideró que el ministro Cruz cargará sobre sus hombros la culpa de violar el acuerdo firmado el pasado 30 de agosto entre Agricultura y el gremio, mediante el cual se comprometió a comenzar por reponer un grupo de 96 profesionales cancelados durante su gestión al frente sin ninguna justificación.
De igual manera, demandó la corrección del decreto 181-21, que puso en condición de pensionados y/o jubilados, a un grupo de ex servidores agropecuarios, pero lo hizo con asignaciones de sueldos muy por debajo de los que devengaban.
Consideró que ese Decreto debe corregirse a la mayor brevedad, ya que a su entender este grupo de técnicos pensionados y jubilados han quedado totalmente desprotegidos, sin seguro de salud y sin el ingreso suficiente para alimentarse y mucho menos adquirir las medicinas que requieren, por su estado de salud.
