La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) apeló este jueves la sentencia que favoreció a los ejecutivos de Plaza Central con una medida de coerción que solo requiere la presentación periódica a un tribunal.

Los ejecutivos de la plaza comercial están acusados de cometer un fraude eléctrico estimado en RD$5 millones.

La PGASE apeló la sentencia ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

El procurador general adjunto, Moisés Ferrer, sostuvo que el Ministerio Público pidió prisión preventiva para los acusados Hugo Molina y Enrique Gil, debido a la gravedad de los hechos que se le imputan.

No obstante, indicó que la institución que dirige se sorprendió cuando el juez del tribunal aludido restó importancia a esta flagrante violación a la Ley General de Electricidad, 125-01.

Señaló que no existe correspondencia entre entre el daño causado por los imputados y la medida cautelar impuesta.

Indicó que existe el peligro de fuga de Gil y Molina porque, a su juicio, actuaron con conocimiento de causa al manipular e instalar, de forma unilateral y directa, a las redes eléctricas un transformador de 2,500 kilovatios de energía.