El presidente del Colegio de Abogado de la República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, respaldó la decisión del Ministerio Público de solicitar prisión preventiva para la suspendida fiscal de San Pedro de Macorís, Margarita Hernández, detenida por aprobar acuerdos para liberar a los feminicidas de las señoras Aníbal González y Juana Domínguez, crímenes perpetrados en esa provincia.

Advirtió que el gremio que dirige apoya cualquier acción legal emprendida por la Procuraduría General, para perseguir a cualquier funcionario del tren judicial que en el desempeño de sus funciones viole normas procesales.

El jurista catalogó de reprochable que la fiscal Hernández se prestase a validar acuerdos para permitir que psicópatas, amparados en documentos falsos logren su puesta en libertad para luego cometer feminicidios.

Recordó que el Colegio de Abogados fue el primero que se pronunció condenando los asesinatos de las dos mujeres a manos de sus exparejas, quienes mediante maniobras obtuvieron su libertad mediante sendos acuerdos refrendados por la magistrada Margarita Hernández.

En contra de esta representante del Ministerio Público, quien permanece detenida, está prevista conocerle medida de coerción, para la cual la Procuraduría General pidió prisión preventiva acusada de incurrir en los delitos de asociación de malhechores, complicadas en falsificación y en actos de corrupción.