El Nacional

Trece dominicanos y una mujer colombiana, que formaban parte de una presunta banda de delincuentes que distribuía cocaína procedente de Madrid a través de distintos puntos de venta, fueron apresados por las autoridades españolas.

Un cable de la agencia EFE fechado en la localidad española de Soria, da cuenta de que los detenidos están implicados en una red de tráfico de drogas desarticulada por la Guardia Civil.

La información atribuida al subdelegado del Gobierno, Vicente Ripa, destaca que gracias a la denominada «Operación Tizón» se pudo detener a los catorce implicados que, excepto uno de ellos, tenían fijada su residencia en Soria, España.

Agrega que, en total, se realizaron seis registros domiciliarios decomisando 146 gramos de cocaína, un pequeño laboratorio para la preparación de la droga y más de 6.000 euros (unos 7.700 dólares) en efectivo, así como ocho teléfonos móviles y una Unidad Central de Procesamiento de datos (CPU).

Destacó el teniente coronel Eduardo López Durán, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, que la Operación Tizón se inició en octubre pasado, gracias a la colaboración ciudadana, considerada básica para la desarticulación de la red.

Es cada vez más frecuente la incursión de dominicanos radicados en el exterior en el tráfico de drogas, lo que se evidencia en las masivas repatriaciones de criollos que cumplieron penas en cárceles de Estados Unidos y Puerto Rico.

Pese a los esfuerzos desplegados por las autoridades antidrogas dominicanas, el narcotráfico ha cobrado un preocupante auge en territorio dominicano, donde operan grupos que reciben la droga por aire, mar y tierra, para introducirla posteriormente a territorio norteamericano.

Embajadores norteamericanos en Santo Domingo han denunciado en varias ocasiones que la República Dominicana ha sido convertida en puente del narcotráfico, y las autoridades dominicanas han respondido quejándose por el poco respaldo del Gobierno de Estados Unidos a la lucha del Gobierno dominicano contra el narcotráfico.

Actualmente cursa en el Congreso un proyecto de ley que busca legalizar el derribo de aeronaves sospechosas de transportar drogas que no obedezcan a la orden de identificarse dadas por las autoridades.

Este proyecto encontró la oposición del embajador Robert Fannin, quien advirtió que en caso de que fuera aprobado Estados Unidos suspendería la ayuda que ofrece al país en la lucha contra el narcotráfico.

Legisladores dominicanos como el licenciado Pelegrín Castillo, han invocado el derecho soberano que tiene la República Dominicana de proteger su espacio aéreo y marítimo contra el narcotráfico, pero la pieza legislativa sigue engavetada en el Congreso.

Al descalificar a Estados Unidos para oponerse a la iniciativa, el congresista ha explicado que el proyecto persigue ejecutar una política de seguridad que propenda a evitar que el país se envuelva en las controversias regionales alrededor de la responsabilidad de tráfico internacional de drogas, situación en la que los dominicanos tendrían mucho que perder.