Aunque sea su derecho, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, no deja de rozar la línea roja al opinar sobre la asignación de fondos a los partidos políticos.

La distribución de los recursos, que tanta crítica ha generado, es un asunto que compete más a los partidos políticos que a las autoridades electorales.

A lo mejor es lo más justo que el porcentaje de los partidos mayoritarios se reduzca a un 70% y que el restante 30% se redistribuya a partes iguales o con mayor equidad entre las demás organizaciones. Pero se trata de un asunto cuya decisión compete a los partidos como principales actores del sistema electoral.

El presidente de la JCE debe, por las funciones que desempeña y sin desmedro de su derecho a opinar, concentrarse en asuntos más relacionados con la organización y el proceso de votaciones, como el método D’Hondt para la asignación de los escaños o en la Ley Electoral, las infracciones a las leyes y otros.

No cabe duda de que su opinión parece ser tan bien intencionada que debe interpretarse como una contribución para mejorar el sistema, pero sin olvidar que pisa arena movediza.