El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, no debe enojarse por las supuestas irregularidades que se han denunciado en los concursos para adquirir productos contra el coronavirus.

Si no se han cometido las anomalías denunciadas por el Partido Revolucionario Moderno PRM) lo que tiene que hacer es dar las debidas explicaciones. No debe olvidar que se trata de recursos públicos, que aún en medio de la crisis más devastadora tienen que administrarse con la más absoluta transparencia.

Por ejemplo, despierta inquietud que, según el PRM, entre el 19 de marzo y el 9 de abril se realizaron 60 licitaciones, de las cuales 60 se asignaron en un promedio de cuatro horas y 25 minutos entre el momento de la publicación y la presentación de la oferta.

Más todavía que 22 operaciones, que supusieron la asignación de contratos por 276 millones de pesos, se decidieron en promedio de 7 minutos. Y otras 15 por un estimado de unos 43 millones de pesos que se resolverían en tiempo de cinco minutos.

La empresa Tools & Resources Enterprises Toreen SRL ha sido beneficiada con contratos por más 700 millones de pesos. Es para explicar y no para enojarse.