Fueron detenidos bajo arresto esta mañana en la Procuraduría General de la República, el jefe de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía (Dican), coronel Carlos Fernández Valerio, el jefe de operaciones, coronel Félix Humberto Paulino López y fiscal Máximo Antonio Díaz Ogando, quienes serían llevados a la jueza de instrucción especial Wendy Martínez. Además de estos tres, se encontraban bajo arresto otros implicados en el caso de la venta de drogas desde el Dican y cuya cantidad no ha sido posible determinar, aunque los investigadores aseguran que el último alijo fue de 1,200 kilos de cocaína el 27 de septiembre pasado en el sector Isabelita.
En tanto, el coronel Paulino López fue interrogado anoche y dejado detenido en la Procuraduría, junto al fiscal Ramón Augusto Veras Castro.
El coronel Fernández Valerio fue requerido esta mañana por los investigadores a fin de interrogarlo sobre el escándalo en torno a la venta de drogas en ese estamento policial.
Sin embargo, una fuente cercana al oficial aseguró a El Nacional que éste no respondería ningún cuestionamiento de la Comisión Investigadora, ya que desde ayer trascendió que contra él habían solicitado medidas de coerción.
El coronel Fernández Valerio, fue suspendido de sus funciones tras conocerse el escándalo sobre la venta de drogas incautadas en allanamientos realizados en el ensanche Isabelita, en Boca Chica y Miches.
Paralelamente con el oficial fue interrogado el fiscal adjunto, Máximo Antonio Díaz Ogando, quien llegó acompañado de su abogado Valentín Medrano. Contra éste, también la Procuraduría había pedido ayer medida de coerción.
Desde las primeras horas de la mañana de hoy cinco vehículos de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía aguardaban frente al edificio de la Procuraduría a fin de trasladar en calidad de detenido a los implicados en el “dicanazo”, para llevarlos donde la jueza especial que conocerá el caso.
Abogados de los implicados y fuentes de la investigación aseguraron a El Nacional que pasado el mediodía el grupo sería llevado a la provincia Santo Domingo para imponerle las medidas de coerción y que desde allí será llevado a la cárcel modelo de San Luis.
Al menos 21 personas figuran en el expediente preparado por la Procuraduría y contra los que desde el lunes vienen solicitando órdenes de arresto.
El expediente incluye al propietario de la vivienda donde fueron incautados los 1,200 kilos, Roberto Antonio Méndez Soto, así como otros oficiales subalternos y alistados.
Otros sometidos son: Los mayores Luciano Gómez Cabrera y Juan José Alvarez; el primer teniente Bárbaro Torres, los sargentos Antolín de los Santos Sabala y Pedro J. Almánzar González; el cabo Agapito Muñoz Evangelista y la raso Raidiris García.
Los investigadores del caso, Germán Daniel Miranda, Bolívar Sánchez e Iván Lorenzo, ultimaban los detalles cerca del mediodía para proceder con el sometimiento de los acusados y su envío a prisión.
UN APUNTE
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Para el mediodía la Procuraduría General de la República tenía programada una conferencia de prensa para informar al país sobre el resultados de las investigaciones y el sometimiento a la justicia de los responsables. Aunque extraoficialmente se conocen los nombres de la mayoría.
