Ha hecho bien el presidente Luis Abinader en adelantar que observará el estatuto que modifica la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, un arroz con mango que impone el pago de elevadas tasas por el procesamiento de la basura y obliga a las empresas cementeras a incorporar en sus hornos combustibles procesados a partir de desechos sólidos.

El mandatario dijo ayer durante su comparecencia en la rueda de prensa La Semanal que esperaría que esa ley votada por el Congreso sea enviada al Poder Ejecutivo para proceder a su observación con las modificaciones sugeridas por sectores productivos y ambientalistas.

Entre las disposiciones que se objetan en esa ley figura el incremento a pequeñas y medianas empresas, de 500 a tres mil pesos en el pago por procesamiento de desechos sólidos, y hasta 675,000 pesos para las grandes unidades productivas, lo que representa un aumento entre 300 % a 675 %.

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La Asociación de Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive) advierte que ese estatuto impone doble tributación a sus afiliados porque los vehículos de motor tributan entre un 1 % a un 3 % del valor CIF (costo, seguro y flete), por la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero.

Empresas productoras de cemento se quejan porque esa ley obliga a encender sus hornos con combustibles derivados de desechos sólidos, sin que se garantice cantidad y calidad a costo razonable, lo que afectaría el principio constitucional de libre mercado y eleva el riesgo de control monopólico.

Algo extraño ocurre en el Congreso al que ingresan iniciativas legislativas previamente consensuadas, como el Código Penal, y otras sobre los cuales los sectores involucrados presentan alegatos y opiniones ante comisiones congresuales, pero los textos finales salen contaminados de disensos y errores.

El presidente Abinader ha prometido que retornará la controvertida ley de gestión y procesamiento de desechos sólidos con los reparos u objeciones señalados por sectores del comercio, la industria, transporte y ambientalistas, lo que permite al Senado y Cámara de Diputados subsanar graves dislates e inobservancias.

Ante sucesivos desaciertos que incluyen los código Penal y Laboral, la Ley de Inquilinato y ahora la que modifica el estatuto de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, se aconseja a senadores y diputados retomar la cordura o buen juicio y atender a sus cartones, por el bien del país.