El 10 de enero de 2009, Roberto Antonio Jiménez Rodríguez, asesinó dentro de su propia vivienda y de un balazo en la frente, a su compañera Bárbara Amparo Peralta, de 28 años, y a su hijo de 32 semanas de embarazo, alegando frente a las autoridades haberlo hecho accidentalmente, con una Smith & Wesson, calibre nueve milímetros, cuyo permiso estaba caducado.

Las violencias anteriores, mediatas e inmediatas, atestiguadas por familia y vecindario y comprobadas por el informe forense, indican que se maltrató a Bárbara con saña, preparando el escenario de su muerte. Roberto Jiménez subió el radio a todo volumen al golpear a Bárbara quien asustada y maltratada logró encerrarse en su habitación; Jiménez rompió la cerradura para entrar y tirar un tiro accidental que, de acuerdo a la necropsia No. A-0041-2009, fue con entrada en región frontal izquierda [] a 3.0 cms por encima del arco ciliar en su borde interno, la cual describe una trayectoria de delante hacia atrás, de izquierda a derecha [] con salida en región occipital en su lado derecho [] a 8.5 cms por encima de la inserción superior del pabellón auricular. El victimario dejó pasar tiempo sin auxiliar a la víctima embarazada, permitiendo que se perdiera al feto; no pidió ayuda al la vecindad.

Por este crimen, el feminicida Roberto Antonio Jiménez Rodríguez, estuvo a punto de ser favorecido por homicidio involuntario, debido a las relaciones políticas con funcionarios de entonces, sin embargo las diligencias realizadas por la familia de Bárbara, culminaron en una sentencia de 20 años en su contra.

La sentencia recurrida, bajó la pena de 20 a 14 años recientemente, el 4 de junio pasado, destrozando a una familia que aún no encuentra consuelo por el asesinato de su hija y su nieto en ciernes. Otro caso entregado a la Suprema Corte de Justicia que tendrá que decidir cómo se le dice a la madre de una mujer joven como era Bárbara, con una vida por delante para acompañar a un niño que su propio padre no permitió que naciera, que se aguante y conforme.

La justicia dominicana ya tiene soporte jurídico legal suficiente, a partir de la Constitución renovada, los tratados y convenios sobre el fenómeno y la preparación de un buen número de sus servidores y servidoras, como para sostener la cara de un Estado dominicano identificado y comprometido contra los asesinatos de mujeres.

Si hay impunidad, se revictima a quienes sobreviven tanta violencia, se juega a la repetición de los crímenes y a su aumento.

¡Justicia para la familia de Bárbara Amparo Peralta!