Pocos días después de las elecciones del 20 de mayo, el 24 para más exactitud, una crónica de El Nacional, firmada por quien suscribe, advertía que todo indicaba, tomando en consideración las declaraciones al respecto que el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana había realizado durante la campaña que lo llevó a ser hoy Presidente de la República, que su prioridad primaria estaría relacionada con la calidad del gasto público desde el inicio de su mandato.

Entonces, tomando en consideración conversaciones con varios técnicos ligados al próximo Presidente, se coincidió en que si el nuevo gobierno no vende a la sociedad la percepción de que existe una mejora en la calidad del gasto público desde el inicio de la gestión, el 16 de agosto, podría caer en la trampa que se le encacille con que está haciendo más de lo mismo y perder la oportunidad de que la sociedad perciba que se está haciendo lo que nunca se ha hecho.

Se precisó con un presupuesto este año de 430 mil millones de pesos y una propuesta para el 2013 que podría estar entre un 20 a un 30 por ciento por encima de esa cifra, el tema de la elevación de los ingresos sigue siendo una prioridad, pero no la principal.

Si desde un principio no damos a entender que ha mejorado la calidad del gasto, perderíamos la iniciativa y quizás la oportunidad de poder hacer realmente los cambios que queremos, dijo en aquel momento una de las fuentes consultadas para hacer la crónica.

Y parece que por ahí es por donde viene la cosa.

No sólo se trata de que durante los largos meses del período de transición el presidente Danilo Medina no adelantó ninguna de las medidas que se proponía aplicar, sino que las que anunció desde su intervención en la Asamblea Nacional apuntaban en esa dirección.

Posteriormente, ya anunciada la constitución del gabinete el mandatario impuso su código de conducta a los funcionarios con una serie de planteamientos relacionados, desde cualquier esquina desde donde se le observe, con la mejora de la calidad del gasta público, como es la prohibición de comprar vehículos de lujo y la ampliación de la vida útil de los vehículos utilizados en las dependencias estatales a cinco años en vez del año y hasta menos de ahí que tenían, para sólo citar un caso.

Se adelantó a la sociedad civil

El deterioro de la capacidad del Partido Revolucionario Dominicano y los demás partidos de hacer una oposición efectiva al Gobierno, dejo en claro desde un principio que parte de ese rol oposicionista lo asumirían entidades de la sociedad civil, que de hecho han sido más beligerantes que los partidos políticos, sobre todo del principal de ellos.

Por ello, con los nuevos Mandamientos asumidos por el Consejo de Gobierno para el trato de los funcionarios a los recursos puestos en sus manos, el Gobierno se adelantó y desarmó a la oposición, que no tuvo más remedio que aceptarlos, aplaudirlos en algunos casos, soportarlos en otros, pero siempre afirmando que velaría por su cumplimiento.

Esto último ha quedado más que evidenciado con la puesta en marcha de los mecanismos institucionales para la aplicación de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.

Esta ley ordenó que se buscara la forma de que la sociedad dominicana llegara a tres grandes pactos: fiscal, educación y electricidad.

El mecanismo institucional para buscar esos pactos es el Consejo Económico y Social que actualmente preside monseñor Agripino Núñez Collado, por mandato de la Constitución de la República.

Se decidió que el primero de esos pactos fuese el fiscal y se activó el Consejo, integrado por representantes de los empleadores, los trabajadores y las entidades comunitarias y sociales.

No fue sorpresa alguna que el primer reclamo de las organizaciones que están representadas en el Consejo Económico y Social fue que no se podía hablar de un pacto fiscal, si al mismo tiempo ese pacto no es integral, o sea, que involucre no sólo la discusión de dónde se sacarán los recursos para el financiamiento de los planes de la Estrategia Nacional de Desarrollo, sino y en forma preponderante, cómo se gastarán esos recursos y cuáles mecanismos de fiscalización de impondrán.

Esto indica que con las medidas anunciadas por el Consejo de Gobierno en relación al manejo de los recursos públicos, se ha evitado, al menos en este primer asalto, que el llamado a un pacto fiscal cayera en el circulo vicioso de los parches fiscales, esto es, argumentar que no es posible incrementar la presión fiscal, si al mismo tiempo no se garantiza un manejo pulcro de los recursos.

Obviamente, otros argumentos contrarios al aumento de la presión fiscal se sacarán del baúl de las argumentaciones, pero serán menos contundentes si el gobierno logra aplicar los nuevos mandamientos.