La ofensiva haitianizante llevada a cabo por los contratadores de mano de obra, que tienen una campaña perfectamente diseñada para persuadir a la autoridad, que nunca ha estado inadvertida, de implementar un “nuevo plan de regularización de haitianos”, debe ser parada en seco. Quienes generan esos empleos, no deben cobijar de manera progresiva y peligrosa la arrabalización del entorno social de la República Dominicana, por muy bien disfrazada que se presente esa petición. Se especula, ¡pero se aprecia!, que hay millones de esos ciudadanos sin documentos, y que parece no satisfacer “la demanda de los interesados”. Si el Gobierno cede plegándose a la solicitud, es abrir y hacer pedazos el territorio y la nacionalidad dominicanas. Ya antes sufrimos esta aberración con la decisión del presidente D. Medina que implementó todo un fraude registral legitimado con un pretenso “Plan de Regularización”. Nada puso coto a la arrogancia de ese mandatario y sus acólitos, y todo ha sido un derrame por invitación que es lo que ha ocurrido.
Hoy las autoridades a fuerza del tramoyismo migratorio elevado al populismo mediático, tratando de cabalgar sobre la ola de un consenso cada vez más creciente de repudio a la altísima y preocupante presencia haitiana, nos quieren demostrar que sirven a los intereses del país. Sin embargo, han ido embalsando a “cientos de miles” de estos ilegales supuestamente repatriados, y no se aprecia una imagen fotográfica o de vídeo que confirmen estas “masivas deportaciones”.
Todo un episodio formidable creado con mal velado disimulo. Ahora bien, lo que se ha estructurado es una verdadera “dictadura inderrotable de la corrupción”, que ha hecho metástasis en las instituciones que enfrentan el problema, principalmente el “glorioso órgano vigilante” que no percibe lo impune que es la entrada, incluso de reincidentes. Entonces, qué hacer?: construir campos de detención, no retención, cercanos a la frontera y obligarles a la preparación de viveros para reforestar al país y a Haití. Así pagarían por su culpa.