Cartas de los lectores



La cárcel de Higüey

Señor director:

En las semanas pasadas los medios se han hecho eco de denuncias respecto a situaciones extremadamente graves relacionadas con la preventiva de Higüey, tanto que hemos tenido que definirla como “fábrica de muerte”.

De hecho se han dado como más de tres casos de reclusos fallecidos por varias razones en la misma.
El caso más reciente ha sido el de Francisco Cornelio Cueto, quien fue llevado en graves condiciones al hospital Nuestra Señora de la Altagracia a raíz de una golpiza recibida en la cárcel. Él falleció en el hospital horas más tarde.

No tenemos temor en calificar estas muertes como crímenes de Estado ya que el Estado es siempre responsable de la integridad y de la vida de los internos en los centros penitenciarios del país.

En el caso específico de esta preventiva responsabilizamos de estas muertes y de las demás situaciones que se dan, tanto la Policía Nacional que la Procuraduría General de la República.

Los días pasados hemos denunciado también un negocio que se da dentro de la misma cárcel por las necesidades de los internos, se les cobra para todo, para ir al baño, para dormir en un lugar más decente, para recibir la comida e incluso para recibir visitas.

Hemos recibido denuncias que las autoridades policiales cobran también por cada interno que entra y les suspenden los traslados a fines de extorsionarlos. El negocio rotundo está entre las autoridades policiales a cargo de la preventiva, los encargados de las celdas y los prebostes nombrados por ellos, con la anuencia y la complicidad de las autoridades locales.

Si bien hoy saludamos los cambios que se han implementado la semana pasada, con el nombramiento del coronel Johnny Soto Abreu y las medidas que se están tomando en estos días como el traslado de prebostes y la limpieza general y desinfección de las celdas, avisamos que no bajaremos la guardia respecto a esta situación.

Exigimos también que de igual manera se desmantele el negocio sobre la vida de los internos que allí imperaba y a las autoridades locales de la Procuraduría General de la República exigimos que agilicen las audiencias para evitar el hacinamiento y que se activen para una ampliación de dicha cárcel.

Estaremos atentos ante cualquier situación implementando acciones necesarias de lucha para la defensa de la integridad y dignidad de los internos de ese centro de reclusión.

Atentamente,
Dr. Manuel María Mercedes

Comisión Derechos Humanos