Con Proconsumidor

Señor director:

A propósito de los cuestionamientos a labor de Proconsumidor que hace un señor que se identifica con el nombre de Ricardo Tejeda Santana en la edición del 2 de agosto de su prestigioso periódico, tenemos a bien plantear que hay que estar prejuiciado para afirmar que la Ley 358-05 que crea al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumir está estructurada «para proteger y defender los intereses de los más fuertes».

Proconsumidor es el producto del esfuerzo de sectores progresistas del país y de miembros de organizaciones de la sociedad civil que desde siempre han sostenido la defensa de los derechos de los consumidores.

Esas personas se plantearon la meta de que el Congreso Nacional aprobase la Ley 358-05 de Protección a los Derechos del Consumidor y Usuario, que, a su vez (para orientación del amigo «Tejeda Santana») es un derecho consagrado en la Constitución promulgada el pasado 26 de enero.

Para información y orientación de Tejeda Santana, a quien se puede contar entre los «francotiradores especializados», durante los primeros seis meses de este año Proconsumidor ha cerrado seis o siete estaciones de expendio de gas propano (GLP) por la comisión de fraude en perjuicio de los usuarios.

La misma institución, ha sometido a la Justicia a por lo menos siete supervisores y ocho o diez empleados de esas estaciones que obstaculizaron los procedimientos de los miembros del Ministerio Público que auxiliaron a los técnicos de esa institución.

En adición, hay que resaltar que a casi tres años de su puesta en funcionamiento, Proconsumidor ha decomisado más de treinta mil productos y mercancías de distintos establecimientos comerciales del país que los vendían y ofertaban vencidos y dañados al público, en violación a la Ley 358-05 de Protección al Consumidor.

¿Puede, entonces, alguien, de manera alegre por demás, asegurar que la ley que crea a Proconsumidor esta concebida para proteger a sectores pudientes?

Sugerimos al señor Ricardo Tejeda Santana que se lea el artículo 33 y siguientes de la ley 358-05 para que se entere de sus propios derechos, porque, en verdad, «consumidores somos todos».

Atentamente,

José Mendoza Raposo

Santo Domingo