Hace algunas semanas el diario digital El Correo.do publicó una extraña información. El ex-diplomático y tuitero Eddy De Gracia, antiguo militante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y dirigente de la Fuerza del Pueblo, estaba siendo requerido por la Fiscalía del Distrito Nacional por sus críticas en redes sociales al gobierno del presidente Danilo Medina.

De acuerdo a la versión, el ex-diplomático había sido citado por la fiscalía para que diera explicaciones por sus comentarios críticos sobre el manejo del gobierno a la crisis del Covid-19.

La información me puso los pelos de punta, por lo que me comuniqué con el dirigente político para tomar conocimiento del asunto y ponerme a su disposición.

De Gracia me confirmó que, ciertamente, la Fiscalía trataba de instrumentarle un expediente debido a sus actividades en la red social Twitter.

El país, como la mayor parte de las naciones del mundo, vive una letal pandemia que azota la vida y la salud de las personas. El derecho a la libre expresión, de alguna manera, se ve tensado por la necesidad de que no se difundan “noticias falsas o falaces” que puedan trastornar el orden público ni crear situaciones de alarma.

Sin embargo, ello no implica que los ciudadanos no puedan criticar los remedios sociales que el gobierno inyecta a la crisis.

La censura, como acto del poder político, es una manifestación execrable y repudiable de los regímenes autoritarios que no respetan los derechos humanos.

Ahora se entiende el porqué una parte de la sociedad dio su voz de alarma cuando la solicitud del presidente Medina del trámite para la declaratoria del Estado de Emergencia incluía la posibilidad de limitar la libertad de expresión.

Felizmente, el Presidente rectificó su petición y sólo se limitaron los derechos de libre reunión, asociación y tránsito.

No hay razón jurídica, ni fáctica la que presionar a un ciudadano por sus juicios críticos. La Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, precisa que la noción de “noticias falsas” está relacionada con la difusión de informaciones que trastornen la paz pública.

Bajo ninguna circunstancias se puede asumir que la crítica al Estado puede perturbar la paz pública. Cuestionar es la esencia de la democracia.

Promover la opacidad o el lenguaje envolvente para disimular la crítica no es la naturaleza de las redes sociales, amén de que afecta el núcleo esencial del derecho a la libertad de expresión.

La redes sociales son un vehículo no sólo de informaciones, sino de sentimientos y opiniones.

Ante la alarma mediática, los fiscales escurrieron el bulto. Sin embargo, es bueno dejar claro que la libertad de expresión es un derecho, no un regalo.

Por: Namphi Rodríguez
namphirodriguez@gmail.com