Al cumplirse ayer 42 años del asesinato del periodista Gregorio García Castro (Goyito), el caso se encuentra en «En un tris» y penoso olvido en los archivos judiciales, a la espera de un dictamen u opinión que permita su avance en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

García Castro (Goyito), autor de la columna “En un tris”, que se publicaba en el periódico Última Hora, fue asesinado el 28 de marzo de 1973 en la calle Las Mercedes de la Ciudad Colonial y 42 años después de su muerte ha sido muy poco lo que la justicia ha hecho para que por lo menos se produzca una sentencia definitiva que posibilite que el caso pueda ser llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como anhela su familia.

Hasta el 26 de abril del año 2000, el país desconocía que los imputados Juan María Arias Sánchez, José Rafael Pérez Pereyra y Milton de la Cruz Lemon habían obtenido la libertad en base a una sentencia dictada en 1980 por la Suprema Corte de Justicia, que presidía en ese entonces Néstor Contín Aybar.

En esa fecha, El Nacional bajo la firma de este redactor, dio a conocer una sentencia que escandalizó al país y a los familiares de García Castro, debido que hasta ese entonces se desconocía que se había producido una decisión que diera por terminado el caso.

Se trataba de una decisión dictada en 1980 por la Suprema Corte de Justicia, mediante la cual se rechazó el recurso de casación interpuesto por la familia García Castro y el Ministerio Público contra la sentencia de la Corte de Apelación de Santiago, del 19 de diciembre de 1977, que disponía el descargo de los imputados.

Con dicha sentencia de 1980 de la Suprema Corte de Justicia confirmaba el descargo de los imputados y el cierre definitivo del caso.

Tras El Nacional dar a conocer la existencia de la citada sentencia se determinó que había sido pronunciada durante una audiencia secreta, sin la participación de la familia García Castro y sin que posteriormente se le comunicara como manda la ley.

En qué está el caso

La situación motivó a que la familia García Castro interpusiera en el 2000 un recurso de revisión, en vista de que la sentencia de confirmación del descargo de los acusados se produjo en 1980 durante una audiencia que calificó de clandestina e ilegal, en virtud de que no se le convocó.

Dicho recurso de revisión fue enviado por la Suprema Corte de Justicia a la Procuraduría General de la República para fines de opinión o dictamen, pero hasta la fecha dicho dictamen no se ha producido, lo que ha provocado que el expediente permanezca en una especie de limbo indefinido.

El CDP

Aurelio Henríquez, en representación del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), dijo que el interés de ese gremio es que la Procuraduría General de la República emita un dictamen sobre el caso para que así la Suprema Corte de Justicia esté en capacidad de emitir un fallo, sin importar cual sea.

Para Henríquez, es importante que se agoten todos los procedimientos judiciales en el país, puesto que es un requisito indispensable para poder llevar el expediente por ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

La Procuraduría

Hace dos años, la Procuraduría General de la República desconocía el paradero de dicho expediente y su localización fue posible gracias a datos suministrados por El Nacional, quien le recordó que se encontraba allí desde el año 2000, cuando la Suprema Corte de Justicia lo envió a los fines de que el Ministerio Público emitiera su dictamen sobre el recurso de revisión que había interpuesto la familia García Castro.

En esa ocasión, el procurador Francisco Domínguez Brito designó cuatro procuradores adjuntos para que lo localizaran y, al efecto, días después, la procuradora adjunta y encargada de recursos humanos, Danissa Cruz, anunciaba el hallazgo.

En ese momento, Domínguez Brito prometió dar mayores detalles sobre el expediente y la etapa procesal en que se encontraba, pero hasta la fecha nada se sabe.