De calumniosa calificó el presidente de la Junta Central Electoral la denuncia de la magistrada de ese tribunal Aura Celeste Fernández, de que ha suscrito contratos sin la autorización del Pleno.

El doctor Julio César Castaños Guzmán enfatizó en que nunca ha suscrito un contrato que no haya sido autorizado por el Pleno, ni tampoco ha recomendado nunca un proveedor, ni se ha inmiscuido en la compra de nada que tenga que ir a una licitación.

El magistrado afirmó que en la JCE no se han producido actos de corrupción, porque siempre se ha actuado con transparencia.

Aclaró que no tiene conocimientos de que estén construyendo obras, pero precisó que son atribuciones de la Cámara Administrativa la refracción de las oficialías, porque la JCE es un órgano plenario y cameral.

Deploró hablar de esos temas en público, pero aclaró que tampoco está en desacuerdo con que esos asuntos se traten en cualquier terreno, aunque insistió en que no tiene nada que ocultar ni nada que temer.

Recordó que la ley electoral sólo faculta al Pleno para elaborar y ejecutar el presupuesto, pero no puede fiscalizar, supervisar ni controlar.

Agregó que ningún Pleno de la JCE, desde la llegada de Colón hasta la fecha ha supervisado la ejecución presupuestaria.

Consideró el bien mayor de la JCE las próximas elecciones, para las cuales la semana próxima faltarán 10 meses.

Planteó que cualquier cosa que distraiga la organización de los comicios tiene que ser bien examinada por la institución.

La jueza Aura Celeste Fernández consideró el marte último de extrema gravedad que se haya dispuesto la apropiación de fondos asignados a la Cámara Contenciosa Electoral, sin que se hayan agotado los mecanismos correspondientes.

Según Fernández el pleno de la JCE carece de control y no fiscaliza de manera efectiva la ejecución del presupuesto de esta institución, en violación a lo dispuesto por el literal T del artículo 6 de la Ley Electoral 275-97.

Restó importancia al hecho de que los jueces soliciten informaciones aisladas sobre el manejo de los fondos, y advirtió que Castaños Guzmán puede pretender colocar a los miembros titulares de esa institución en el mismo plano que los ciudadanos que solicitan informaciones específicas, en base a la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.