Si hacemos un análisis sereno y desapasionado de lo que ha sido la democracia imperante en el país en los últimos años tenemos que llegar a la conclusión de que la democracia muy poco o nada ha avanzando, por lo menos para beneficio de lo que se llama pueblo dominicano. Veamos.
En el orden de los derechos humanos formales, los mismos solamente han sido tolerados. Cuantas veces el pueblo busca hacer efectiva su vigencia es reprimido lo que prueba su ineficacia institucional. Los derechos humanos de contenido social, su efectividad se ha visto deteriorada. Se ha profundizado el desempleo, inservibles los servicios de salud y educación públicas, el salario se ha deprimido y las conquistas sociales alcanzadas en épocas pasadas por las masas, en los últimos años se han convertido en nada por la tremenda crisis económica que hoy golpea al pueblo dominicano.
Las lacras del sistema se han desarrollado con expresiones claras en los diferentes tipos de delitos, crímenes de factura nueva, como los secuestros y la impotencia de las autoridades ante el crimen organizado, que va desde el desarrollo de la producción, consumo y tráfico de estupefacientes hasta las bandas integradas para ejecutar acciones criminales espeluznantes. El sistema social dominante, con su expresión en la democracia representativa, ha hecho posible el agrietamiento de la familia y con ella el deterioro de todo el comportamiento de la generalidad de los integrantes de la sociedad.
De todos los fenómenos sociales, el de la corrupción es el que más se ha desarrollado en los últimos años de democracia representativa, hasta el punto de que arropa a toda la sociedad dominicana. Los partidos políticos del sistema guiados por sus cúpulas dirigenciales, no se preocupan por nada que tenga como objetivo adecentar la lucha política; su objetivo es llegar al gobierno para repartirse el presupuesto nacional.
Las reformas constitucionales ejecutadas en los últimos años han respondido a pretensiones grupales coyunturales, por lo que no se pueden considerar como avances institucionales. Con las modificaciones de la Constitución se ha jugado a la reelección o no reelección.
La figura del Poder Ejecutivo, está totalmente desprestigiada desde el punto de vista institucional y hoy, está huérfana de confianza y credibilidad. Los ayuntamientos, con sus síndicos y Regidores vienen a ser la continuación del Congreso y la Liga Municipal, donde la palabra institucionalidad no existe y el clientelismo político tiene un adecuado centro de operaciones y beneficios económicos. Compite con el congreso en desprestigio.
El Servicio Judicial, por la actual Suprema Corte de Justicia, es el mayor logro alcanzado en el país a nivel institucional en toda su historia, aunque no es el organismo que el pueblo dominicano merece y por el cual ha luchado, pero en la coyuntura que se conformó no se podía aspirar a más. Pero hay que precisar que no es lo mismo el material humano que en su generalidad compone la Suprema Corte de Justicia, que los tribunales inferiores, Juzgado de Paz, Primera Instancia y Corte de Apelación, los cuales dejan mucho que desear en su gran mayoría.
La inclusión del voto de los dominicanos en el exterior, para los compatriotas que han emigrado carece de sentido. Los politiqueros tienen a los emigrantes dominicanos como fuente para obtener recursos para campañas electorales. Se ha gastado más millones de pesos en viajes de los jueces de la Junta que la cantidad de dominicanos y dominicanas que ejercen el derecho al voto. La Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, son organismos que por el presidencialismo que los mueve a su conveniencia, voluntad política y beneficios electorales no contribuyen en nada en el adecentamiento institucional. Son cargos otorgados en pago de servicios de campaña y en ellos no se toma para nada en cuenta el criterio de institucionalidad.
Los procesos electorales han estado viciados; no existe igualdad de oportunidades, porque el clientelismo los domina, los partidos que no han pasado por el poder no disponen de los medios y recursos económicos para competir en igualdad de condiciones. Los que han manejado el presupuesto corrompen las elecciones. Las Secretarías de Estado, en lugar de ser un órgano del Estado, no son más que centros de favores políticos y alojamiento de los clientes de los politiqueros triunfantes.
