BRASILIA. EFE. Los países de América Latina y el Caribe deben recuperar el papel del Estado como promotor de la igualdad y transformar sus estructuras industrial y tecnológica a fin de cerrar las profundas brechas sociales que persisten en la región.

Esas son algunas de las principales conclusiones del informe titulado La Hora de la Igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que será presentado este domingo en la apertura de su 33 período de sesiones, que se celebrará en Brasilia hasta el próximo martes.

El documento, que la CEPAL define como una nueva hoja de ruta para la región, sostiene que a pesar de los avances alcanzados en materia económica y social en los últimos años, América Latina aún presenta la peor distribución del ingreso del mundo, con niveles importantes de pobreza y una fuerte heterogeneidad productiva».

Asimismo, persisten en la región el deterioro en el mundo del trabajo y la segmentación de la protección social, un escenario que se completa con desafíos sociales de largo plazo, entre los que se citan la discriminación étnica y de género, la vulnerabilidad frente al cambio climático y la transición demográfica».

Según la CEPAL, la igualdad social y el dinamismo económico no están reñidos entre sí, por lo que los Gobiernos deben repensar» el modelo de desarrollo a fin de crecer para igualar e igualar para crecer, pues igualdad, crecimiento económico y sostenibilidad ambiental tienen que ir de la mano».

La hoja de ruta ofrecida por el organismo plantea, en sus 289 páginas, seis grandes ejes- políticas macroeconómicas dirigidas al desarrollo inclusivo, convergencia productiva con igualdad, más y mejor empleo, convergencia territorial, cierre de las brechas sociales y pacto fiscal.

En relación al último, propone el pacto fiscal como clave y afirma que es necesario para dotar al Estado de mayor capacidad para redistribuir recursos y promover la igualdad.

El documento sostiene que la tributación es clave para otorgar a los Estados la capacidad de financiar políticas orientadas a disminuir las brechas sociales, pero indica que, en América Latina, no tiene el efecto redistributivo de los países desarrollados, con graves deficiencias incluso en los servicios más básicos.