No hay que saber lo ocurrido en otros países -y mucho menos mirar para Perú- para avergonzarse del grotesco espectáculo judicial que se ha montado con los sobornos reconocidos por Odebrecht para la adjudicación de obras públicas en República Dominicana. Tan burdo ha sido el proceso que el velo de la justicia, como en un teatro de títeres, ha rodado por el suelo, con el agravante de mostrar sus partes pudendas del sistema.

Los alegatos para condenar al empresario Ángel Rondón y al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, atentan contra la formación profesional de los jueces y el propio aparato judicial.

A Rondón se le encontró culpable de sobornar a funcionarios y legisladores, que irónicamente no han aparecido, por el movimiento de sus operaciones bancarias. Pero resulta que el empresario siempre ha admitido que los pagos de la compañía fueron como honorarios por servicios para la contratación de obras.

A Díaz Rúa se le condenó por supuesto enriquecimiento ilícito, que los jueces suponen que guarda relación con los sobornos de Odebrecht. Pero la realidad es que tanto Rondón como el exministro de Obras Públicas han sido tomados como chivos expiatorios para que el escándalo no quede impune. En ninguna cabeza cabe que los dos condenados podían ser los únicos comprometidos con la recepción y distribución del más siniestro escándalo de corrupción político en el país.

Sin embargo, en lugar de archivar el expediente o liberar a los acusados, que era lo más aconsejable, se ha seguido con un espectáculo que mancha la imagen de la Justicia. La compañía, que a través de un acuerdo de lenidad se comprometió a colaborar para aclarar el escándalo no hizo más que burlarse de la nación, siempre con la anuencia o complicidad del Ministerio Público.

Una idea ilustrativa de la impunidad la ofrece la inercia del procurador Rodolfo Espiñeira para establecer responsabilidades sobre los alrededor de 10 millones de dólares, que la compañía parece que omitió, que distribuyó entre partidos y candidatos en las elecciones de 2006. Tras justificarse por la burocracia que demoran las investigaciones Espiñeira dijo hace más dos años que había solicitado información a las autoridades brasileñas, la cual, si ha llegado, no se ha divulgado.

Si Ángel Rondón ha sido el agente utilizado por Odebrecht para pagar sobornos lo justo es que se le pruebe. Lo mismo si Díaz Rúa se enriqueció a través de los recursos ilícitos de la compañía. Pero que de manera burda se les tome como chivos expiatorios para proteger a quienes se embolsaron el grueso de los 92 millones de dólares es una afrenta contra el propio sistema judicial.