Uno de los propósitos de la información veraz y precisa es edificar de forma clara y trascendente temas que en principio suelen ser considerados complicados o técnicos, pero que pueden ser comprendidos en su justa dimensión y profundidad cuando son tratados por especialistas que ayudan de esta forma a despejar dudas y confusiones generadas con fines ajenos a la verdad y al interés general.
Esta es precisamente la artera y perversa arma que han venido utilizando quienes se dedican a tratar de satanizar los fondos de pensiones con el propósito de justificar que se disponga del 30% de sus recursos para entregarlos a los trabajadores suspendidos por los efectos de la pandemia de la covid-19, ignorando deliberadamente las múltiples consecuencias negativas que esto generaría en el país.
Una amplia y pormenorizada exposición hecha por la abogada y especialista en Seguridad Social, Leymi Lora Córdova, ha venido a aclarar con argumentos muy sólidos y atendibles las principales inquietudes que este tema ha suscitado ante la campaña que viene realizando el diputado Pedro Botello y un grupo de desacreditados bufones, con el objetivo de presionar al Congreso a aprobar un proyecto de ley mediante el cual se pretende autorizar la entrega de los citados recursos.
Contrario al predicamento de quienes buscan atentar contra los Fondos de Pensiones, Lora Córdova sostiene que la inversión que se hace con ellos es un acto de completa solidaridad que no sólo implica la garantía de una pensión a su causahabiente, sino que al ser una de las más importante fuentes de ahorro del país generan un probado desarrollo nacional sostenible en diferentes rubros y sectores.
Con esto ha venido a confirmar lo expuesto de forma reiterada por reputados economistas y el Banco Central, además de sindicalistas que se han opuesto tajantemente a que los fondos de pensiones sean tocados por el serio trastorno que generaría en el país, especialmente en la economía, provocando alzas incontroladas de precios y otros dañinos efectos.
Si bien mucho se cuestiona la falta de solidaridad en el sistema de capitalización individual que nutre esos fondos, la especialista estima que el país se encuentra en el momento idóneo para iniciar debates de interés y fructíferos que eleven ese régimen previsional a las expectativas de los beneficiarios del sistema de pensiones en República Dominicana.
En este punto, Lora Córdova coincide con diferentes sectores de la sociedad que piden desestimar el proyecto del 30% y en cambio impulsar una reforma en la Ley de Seguridad Social para lograr que los trabajadores disfruten de pensiones mejor remuneradas cuando lleguen a la edad de retiro al final de su vida laboral activa.
Asimismo, advierte que cuando generalmente se habla de capitalización individual la atención tiende a concentrarse en bajas o bien nulas expectativas sobre el monto de la pensión a recibir, así como en el hecho de que las contribuciones obligatorias o voluntarias son administradas por una entidad que desde su perspectiva equivocada, gana mucho dinero, pero no miran el gran panorama que constituye la vida de sus fondos de pensiones y el impacto positivo en factores claves de la vida nación.
En tiempos de crisis siempre se cuestiona el papel que juega la seguridad social como fuente de auxilio para la ciudadanía dominicana, por lo que la llegada de la pandemia no ha dejado fuera los reclamos de afiliados al sistema dominicano de pensiones que exigen el pago anticipado de un porcentaje de los fondos acumulados en sus cuentas personales, mejor conocidas como cuentas de capitalización individual.
A pesar de los esfuerzos que viene realizando el Estado dominicano para garantizar a las clases trabajadora y de escasos recursos ingresos mínimos para cubrir necesidades básicas en medio de la crisis sanitaria.
Desde el inicio de los estado de emergencia aprobados por el Congreso Nacional a partir de marzo, los promotores de despojar del 30% a los fondos no han cesado en sus planes, además de generar actos vandálicos y de violar con aglomeraciones las normas protocolares de prevención dictadas por las autoridades para evitar contagios del mortal virus.
Por. Yaneris Piantini Guzmán
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