La investigación sobre los paramilitares que habrían tratado de alterar las votaciones comienza a despertar interrogantes. La Procuraduría General de la República había declarado que apoderó a la Fiscalía del Distrito Nacional de la querella presentada por la Junta Central Electoral (JCE). Pero, para sorpresa, la fiscal Yeni Berenice Reynoso dijo que el caso estaba en poder del procurador Radhamés Jiménez Peña. El rebote ensombrece una denuncia que, en honor a la verdad, no ha gozado de mayores créditos en la opinión pública. Son muchos los que piensan que se trata sólo de un recurso mediático. El plan, según el presidente de la JCE, Roberto Rosario, era suplantar a los militares a cargo de la vigilancia de los colegios electorales. El caso de los paramilitares es un ingrediente del cóctel que conforman el supuesto hackeo del centro de informática de la JCE, la conspiración para desestabilizar al Gobierno haitiano que se atribuye al coronel retirado Pedro Julio Goico y la detención el mismo día de las elecciones del gerente de elsiglo21.com, José Miguel Gómez Canaán. Si algo ha de esperarse, es que los casos se aclaren, aunque sea algún día.
