El conflicto que ha surgido en torno a los bienes incautados por narcotráfico y lavado de activos no es más que otra señal de la fragilidad del sistema institucional.

Es inconcebible que por dejadez o intereses el cuantioso patrimonio esté disperso, si es que lo está, porque todavía no haya comenzado a operar la unidad de bienes incautados creada hace tres años.

El licenciado Germán Miranda Villalona, encargado de la unidad antilavado de la Procuraduría General de la República, confirmó que las propiedades están disgregadas en diferentes fiscalías y no concentradas en un lugar específico.

Esa dispersión dificulta la tarea para ubicar y hasta entregar bienes descargados por los tribunales. Y todo se debe, según el propio Villalona, a que todavía no se ha habilitado la unidad de custodia y administración de bienes incautados.

La dispersión dificulta un inventario, con su respectivo estimado, sobre las propiedades y cuerpos de delito que administra el Ministerio Público. Por las condiciones de la custodia muchos de los bienes tienden a deteriorarse en forma progresiva.

La aclaración del director de la unidad antilavado de la Procuraduría invita a acelerar la instalación del organismo creado para administrar las propiedades incautadas al narcotráfico. Sobra resaltar la necesidad de una entidad que lleva tres años que se aprobó con la finalidad de preservar el patrimonio.

La Procuraduría General de la República tiene que contar con personal, espacio y mecanismos para habilitar la unidad que administre los bienes incautados.