Una burla

Según la Cámara de Cuentas, hasta el 15 de febrero de este año había 3,820 funcionarios que no habían cumplido con la ley 311-14 sobre declaración jurada de bienes.

Deja mucho que desear sobre la transparencia administrativa que un número tan elevado de servidores haya ignorado una ley concebida para promover la gestión ética.

Debería publicarse una relación de los funcionarios que no han cumplido con la ley tanto para conocerlos como para evitar que se mida a todos con la misma vara. Esa violación, sin que se hayan aplicado las penalidades en la ley sobre función pública, convierten la legislación en letra muerta.

Entre las sanciones se consigna la destitución de los violadores. El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, alega que remite cada caso a la Procuraría General de la República, que es la que tiene que actuar sobre las violaciones.

Pero hasta ahora el Ministerio Público no se ha dado por aludido ni siquiera en investigar la procedencia del patrimonio de quienes no cumplen con la ley.

Los congresistas, que son los que aprueban las leyes, tendrían que pensarlo muy bien antes de abrir la boca pues también ellos son citados entre los violadores.