Las malas artes en el ejercicio del poder le han pasado factura al Gobierno del presidente colombiano Alvaro Uribe al sumirlo en una de sus peores crisis políticas.

Uribe se sobrepuso a la incursión armada en territorio ecuatoriano, a la utilización de símbolos de la Cruz Roja en la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, pero no ha tenido la misma suerte con el espionaje telefónico.

La operación no sólo ha generado un vendaval de protestas, incluyendo a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), sino que ha puesto en peligro la cuantiosa asistencia que Colombia recibe de Estados Unidos.

El gobernante niega haber ordenado el espionaje contra políticos, magistrados y periodistas, pero su estilo de ejercer el poder lo convierten en el principal sospechoso de la siniestra operación.

Entre los espiados se ha citado al abogado Ramiro Bejarano, columnista de El Expectador y quien asiste al magistrado César Julio Valencia en un proceso penal contra el mandatario.

Tras afirmar que la intercetapción telefónica atenta contra la libertad de expresión, la SIP exigió al Gobierno que se deslinden responsabilidades y se identifique a los involucrados. Pero Uribe no está en ofrecer detalles.

El escándalo salió a relucir después que la revista Semana divulgó que tres días antes de la posesión de su nuevo director en el Departamento de Seguridad se habían destruido grabaciones, documentos secretos y análisis de inteligencia con información sobre políticos, magistrados y periodistas.