COJANLO

El director de Migración, Sigfrido Pared Pérez, anunció que sometará a la Justicia a quienes propiciaron la expulsión de 420 haitianos  de los barrios San José y La Mina, de Santiago. Incurrieran o no los haitianos en algún tipo de actos reñidos con la ley, en modo alguno se puede permitir que la población asuma el papel que compete a las autoridades. Se trata de un abuso que no puede quedar impune. El Gobierno está en la obligación de actuar contra quienes han usurpado la función de la Justicia al tomar las leyes en sus manos, por demás sobre un asunto tan conflictivo en materia de derechos humanos. Migración y demás entidades competentes no han debido dejar que juntas de vecinos de Santiago materializaran su amenaza de expulsar de sus barrios a residentes haitianos. Tenían que tomar las previsiones  para evitar un atropello contra inmigrantes haitianos, una acción que de alguna forma daña la imagen de República Dominicana. Como sabe lo que el caso significa, Pared Pérez no puede andarse con contemplaciones frente a los grupos que auparon el abuso. Es necesario  como acto de justicia y para evitar protestas infundadas.