La vicepresidenta de la República anunció la construcción de cuatro oficialías en las comunidades de Villa González, Gima Abajo, Restauración y Sabana de la Mar para dotar de documentos de identidad a familias pobres.
Como las obras suponen una inversión de 77 millones de pesos surge la interrogante de si no hay otra opción menos costosa para expedir los documentos. ¿Qué tantas personas hay en las citadas comunidades que se necesite la construcción de oficinas para resolver el problema? Como la decisión se presta a tantas interrogantes la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández y el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, deben aclarar todo lo relativo a la inversión.
La construcción de las oficialías podrán formar parte de la política social, pero en honor a la verdad no es lo que se percibe. Hay quienes piensan que se trata de una distorsión de las funciones del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales. Por más cuantioso que sea su presupuesto. La construcción, en todo caso, lucía más al Ministerio de Obras Públicas. Al margen, obviamente, de que la JCE cuenta con su propio presupuesto.
El Nacional
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