Las normas ambientales promovidas por el Gobierno han encontrado una fuerte oposición en el sector empresarial. Uno de los aspectos más conflictivos se refiere a la discrecionalidad, en vista de que, según los empresarios, pone en riesgo la seguridad jurídica. Al margen de las observaciones, no se puede negar la necesidad de reglamentar el sistema ambiental. Lo censurable sería que el reglamento tratara de imponerse, sin consensuarse entre todos los sectores. No ha sido el caso, pues se tiene entendido que el Ministerio de Medio Ambiente lo puso en manos de los interesados. Además de la discrecionalidad, los empresarios objetan el alto costo de las licencias y permisos ambientales. También reclaman más flexibilidad para las construcciones en zonas urbanas. Es significativo que Medio Ambiente está en disposición de revisar observaciones a algunos artículos del reglamento, entre los cuales figuran los altos costos de los permisos y los términos de referencia para las construcciones urbanas. Lo más saludable, sin embargo, es que la normativa se discuta antes que imponerse, pero tomando en cuenta que los intereses nacionales están sobre los particulares.
